La Fiscalía General de la Nación reactivó órdenes de captura que habían quedado suspendidas contra integrantes de disidencias de las FARC. La determinación se produjo luego de una instrucción directa del presidente Abelardo de la Espriella, según informó NTN24.
Entre los señalados se encuentran miembros del grupo liderado por alias Calarcá, quien ostentaba el estatus de gestor de paz dentro del proceso de diálogo que el Estado colombiano había adelantado con disidencias de esa guerrilla. La reactivación implica que esas personas vuelven a tener pendiente un proceso de detención por parte de las autoridades.
La figura de gestor de paz fue contemplada en la legislación colombiana como un mecanismo para proteger a quienes participaban en conversaciones con el Gobierno y se comprometían a cesar actividades ilícitas. Ese estatus suspendía temporalmente la ejecución de órdenes de captura, aunque no las anulaba de forma definitiva.
Alias Calarcá es uno de los nombres más conocidos dentro de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC. Su papel como gestor de paz lo había mantenido en una posición particular frente a la justicia ordinaria, ya que sus movimientos y actividades estaban sujetos a las condiciones acordadas en la mesa de conversaciones.
La decisión de reactivar las capturas marca un giro en el tratamiento que el Estado venía dando a este sector de las disidencias. Hasta ahora, la vía del diálogo había sido el camino principal para buscar su desmovilización, pero la instrucción presidencial abre la puerta a acciones judiciales y operativas por parte de la Fuerza Pública.
Para la ciudadanía, el cambio implica que los miembros de estas estructuras pierden la protección que les daba el estatus de gestores de paz y quedan nuevamente expuestos a operativos de captura. En zonas donde estos grupos tienen presencia, la medida puede alterar la dinámica de seguridad y la relación con las comunidades.
El restablecimiento de las órdenes también reactiva los procesos penales que se encontraban en pausa. Esto significa que la Fiscalía podría avanzar en investigaciones, solicitar audiencias y coordinar con la Policía y las Fuerzas Militares la ubicación y detención de los implicados.
Organismos de derechos humanos y sectores políticos suelen seguir de cerca este tipo de decisiones, porque pueden afectar a comunidades en territorios donde los grupos armados tienen influencia. La instrucción del presidente pone en el centro del debate el equilibrio entre el diálogo y la acción judicial.
Por ahora, la Fiscalía ejecuta la instrucción presidencial y se espera que en los próximos días se conozcan los primeros operativos o las primeras solicitudes formales ante los jueces que llevan los procesos. La fuente consultada, NTN24, es la única referencia disponible sobre los detalles puntuales de la orden.