La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura que pesaban contra siete exrepresentantes de Comuneros del Sur, una estructura que había sido incluida en los diálogos de carácter político con el Gobierno nacional. La medida se tomó después de que se cerrara la mesa de conversación y se revocaran las vocerías que habían sido otorgadas a esos exintegrantes, según la Resolución 00273.
Comuneros del Sur fue una de las organizaciones que hizo parte de los acercamientos impulsados desde el Ejecutivo como parte de una estrategia de diálogo con grupos armados organizados. Esa vía contemplaba el reconocimiento de voceros y la suspensión temporal de algunas acciones judiciales como gesto de buena voluntad para facilitar las conversaciones.
La revocatoria de las vocerías y el cierre del diálogo implican que los beneficios asociados a esa condición, incluida la figura de representante en una mesa formal, dejan de aplicarse. Con la reactivación de las capturas, los siete exintegrantes vuelven a tener pendiente su situación procesal ante la justicia ordinaria.
Las órdenes de captura se encontraban activas dentro de los expedientes que la Fiscalía adelantaba contra los miembros de esta estructura. Durante el tiempo en que duró el diálogo, la situación jurídica de los voceros se mantuvo en suspenso como parte de los acuerdos de la mesa, pero sin que se desligaran de los procesos en curso.
La decisión de la Fiscalía se enmarca en las atribuciones que tiene el ente acusador para hacer efectivas las órdenes judiciales cuando se cumplen las condiciones establecidas en la ley. El cierre del diálogo fue el detonante para que se reactivaran los procedimientos, ya que la condición que mantenía en pausa esas capturas dejó de existir.
La Resolución 00273, mediante la cual se revocaron las vocerías, marca un giro en la política de acercamiento con esta organización en particular. El Gobierno no emitió, hasta el momento del cierre de esta nota, una comunicación oficial que detallara las razones específicas del cierre de la mesa ni las circunstancias que llevaron a la decisión.
Para las comunidades de la zona de influencia de Comuneros del Sur, el cambio de rumbo en el diálogo puede traducirse en alteraciones del orden público y en movimientos de los integrantes de la estructura, dado que la presión judicial vuelve a ser un factor determinante en la dinámica territorial. Las autoridades locales y la fuerza pública suelen ajustar sus dispositivos cuando se reactivan capturas de esta naturaleza.
Organizaciones de derechos humanos y voceros de procesos de paz han señalado en otras ocasiones que la suspensión y reactivación de órdenes de captura genera incertidumbre tanto para los exintegrantes de las estructuras armadas como para las comunidades que habitan las zonas donde operan. El restablecimiento de la vía judicial es, según analistas, una señal de que la confianza en la mesa se agotó.
La Fiscalía tiene ahora la responsabilidad de coordinar con la Policía Judicial y las fuerzas de seguridad la materialización de las órdenes reactivadas. El proceso estará sujeto al debido proceso y a las garantías que establece la legislación colombiana para los ciudadanos que enfrentan investigaciones en la justicia ordinaria.
Queda por conocer si el Gobierno nacional abrirá una nueva ruta de diálogo con Comuneros del Sur o si, por el contrario, la decisión marca el cierre definitivo de cualquier acercamiento. Las partes involucradas en la mesa, incluida la oficina del Alto Comisionado para la Paz, no se habían pronunciado oficialmente sobre el siguiente paso al cierre de esta nota.