La calificadora de riesgo Fitch Ratings planteó que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella podría verse obligado a impulsar una reforma tributaria en Colombia. Según la firma, el recorte de gastos anunciado no alcanza por sí solo para lograr el ajuste fiscal equivalente a tres puntos del PIB, nivel que considera necesario para estabilizar las finanzas públicas del país.
El pronunciamiento se conoce en un contexto en el que el gobierno nacional ha centrado su estrategia de ordenamiento de las cuentas en la contención del gasto público. Para Fitch, esa vía tiene un límite claro: las metas de reducción del déficit no se conseguirían únicamente con menores erogaciones del Estado, dado el tamaño del esfuerzo fiscal exigido.
La agencia explicó que la magnitud del ajuste requerido, alrededor de tres puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, exige una combinación de medidas. En otras palabras, el tijeretazo al gasto debe ir acompañado de ingresos adicionales, y la herramienta tradicional para obtenerlos en Colombia ha sido la reforma tributaria, es decir, una modificación al estatuto de los impuestos.
El mensaje llega en un momento sensible para la economía colombiana, que enfrenta presiones sobre las cuentas fiscales y sobre la confianza de los inversionistas. La advertencia de Fitch añade un dato relevante para los mercados, pues la perspectiva de las calificadoras influye en la percepción de riesgo soberano y en el costo de financiamiento del país en los mercados internacionales.
Para la ciudadanía, una eventual reforma tributaria tiene implicaciones concretas: cambios en las tarifas del impuesto de renta, en los gravámenes al consumo, en los aportes a la seguridad social o en beneficios como las exenciones. Cualquiera de esos ajustes termina tocando el bolsillo de hogares y empresas, por lo que la discusión sobre su contenido y alcance suele ser una de las más sensibles en el debate público.
Desde el punto de vista institucional, el trámite de una reforma tributaria exige un proceso legislativo en el Congreso de la República, con debates en comisiones y plenarias tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. La aprobación de este tipo de iniciativas suele requerir acuerdos entre el Ejecutivo y las bancadas, así como el concurso de los ministerios de Hacienda y de Comercio, entre otros.
Por ahora, Fitch no anunció un cambio en la calificación crediticia de Colombia ni fijó un plazo específico para que el gobierno presente la reforma. La firma se limitó a señalar que, sin un ajuste combinado de gastos e ingresos, las finanzas públicas difícilmente alcanzarán la estabilización que piden los analistas y los mercados.
Queda pendiente conocer la respuesta oficial del gobierno de De la la Espriella y del Ministerio de Hacienda. También habrá que esperar si el proyecto, en caso de presentarse, incluye nuevos impuestos, amplía la base de contribuyentes, modifica tributos vigentes o recurre a otros mecanismos, como la eliminación de exenciones o el combate a la evasión fiscal.