El Gobierno nacional publicó los decretos que reglamentan el Fondo Milagro, el mecanismo creado para financiar la reconstrucción de las regiones golpeadas por el reciente terremoto. La información fue divulgada por La Silla Vacía, que también reportó el contenido principal de la medida.
El fondo lleva por nombre Milagro y fue concebido como un instrumento de respuesta rápida para canalizar recursos hacia infraestructura, vivienda y servicios públicos en los municipios afectados. Hasta ahora, las zonas damnificadas habían recibido atención inmediata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero la reconstrucción de fondo requiere una fuente específica de dinero, distinta a la atención de emergencia.
Según el reporte de La Silla Vacía, el presidente Abelardo de la Espriella pidió que ciudades y departamentos que no sufrieron los efectos del terremoto también aporten recursos al fondo. La solicitud fue hecha de manera directa a Bogotá y a otras entidades territoriales que no registran daños por el movimiento telúrico, lo que abre un esquema de contribuciones regionales para financiar la reconstrucción.
La idea de que territorios no afectados aporten a la reconstrucción es una decisión que asume que el costo de los desastres naturales debe distribuirse en todo el país y no solo en las zonas donde ocurre la emergencia. Esa misma lógica ha sido utilizada en el pasado con figuras como la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y permitió la creación de fondos comunes financiados con aportes de distintos niveles de la administración.
Para los ciudadanos de Bogotá y de los departamentos no damnificados, la medida implica que parte de sus impuestos, regalías o transferencias podrían destinarse a obras que se ejecutan en regiones lejanas. Eso abre preguntas sobre la transparencia en el manejo de esos recursos, los plazos de ejecución y los mecanismos de control ciudadana, pues se trata de dinero que sale de los bolsillos de contribuyentes que no fueron víctimas del siniestro.
En las zonas afectadas, la expectativa es que el Fondo Milagro se traduzca en obras concretas: reconstrucción de vías, acueductos, escuelas, centros de salud y vivienda. Las autoridades locales esperan que los decretos incluyan reglas claras sobre la presentación de proyectos, los criterios de priorización y los tiempos de desembolso, para evitar retrasos que ya se han visto en otros procesos de reconstrucción en el país.
Según la fuente, los decretos ya fueron publicados, lo que da un piso normativo al fondo y permite empezar la ejecución. Falta ver, en los próximos días, cómo responden los mandatarios de Bogotá y de los otros departamentos no afectados al llamado presidencial, y si habrá aportes concretos o si la petición queda en un plano declarativo. La puesta en marcha del Fondo Milagro es, por ahora, el principal termómetro de la capacidad del Estado para responder a esta emergencia.
La oposición y organizaciones civiles suelen pedir que cualquier esquema regional de aportes venga acompañado de auditorías externas, veedurías ciudadanas y reportes públicos trimestrales. Esa presión crece ahora que se trata de dinero destinado a zonas donde el terremoto dejó damnificadas a familias enteras y donde la reconstrucción puede tardar varios años.
