El Gobierno nacional informó que revisará el funcionamiento de las fotomultas instaladas en distintas ciudades del país, según publicó Pulzo. La revisión apunta a dos frentes: confirmar que los equipos y procedimientos cumplan la ley y medir si el sistema realmente reduce la siniestralidad vial.
Las fotomultas son comparendos electrónicos impuestos a partir de registros captados por cámaras o sensores de velocidad. En Colombia operan bajo la responsabilidad de los municipios y, en algunos casos, mediante convenios con concesiones privadas que administran la detección y el cobro.
La figura se rige por el Código Nacional de Tránsito y por resoluciones del Ministerio de Transporte que regulan la calibración de los equipos, los plazos para notificar al conductor y los procedimientos de impugnación. Cualquier inconsistencia en estos pasos puede derivar en la anulación de la sanción.
El anuncio se produce en un contexto de debate ciudadano recurrente sobre la transparencia de los sistemas automáticos de detección. Organizaciones de conductores y veedurías ciudadanas han cuestionado en distintas ciudades la calibración de cámaras y el destino de los recursos recaudados.
Para los conductores, una revisión del sistema puede traducirse en procesos de notificación más ágiles, mayor claridad sobre los puntos donde operan los equipos y reglas uniformes entre municipios. También abre la puerta a que se ajusten o retiren dispositivos que no cumplan los requisitos técnicos.
En materia de seguridad vial, el país registra miles de accidentes de tránsito al año, con miles de víctimas fatales. Disminuir esas cifras es el argumento central con el que se justifica la existencia de controles automáticos como las fotomultas.
Desde el sector administrativo, la revisión implica un trabajo coordinado entre el Ministerio de Transporte, las autoridades locales y los operadores de los sistemas. También supone la revisión de contratos vigentes para establecer si deben mantenerse, ajustarse o darse por terminados.
Por ahora, el Gobierno no ha precisado un cronograma detallado con fechas ni con los municipios que serán priorizados. Queda pendiente conocer el alcance de la auditoría, los criterios técnicos que se aplicarán y si habrá sanciones para los funcionarios o empresas que hayan operado al margen de la ley.
Los ciudadanos pueden seguir presentando sus derechos de petición y recursos legales frente a comparendos que consideren improcedentes, mientras avanza la evaluación oficial del esquema.