El establecimiento penitenciario La Picaleña, ubicado en Ibagué, recibió a Epa Colombia luego de que el presidente Abelardo De La Espriella dispusiera su traslado, según registró El Tiempo en un recorrido fotográfico por las instalaciones.
La Picaleña es uno de los centros de reclusión del orden nacional que opera bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Su capacidad y su régimen interno la ubican entre las cárceles que albergan población con diferentes perfiles judiciales.
El centro ha sido señalado en distintas oportunidades por sus condiciones de salubridad. Reportes ciudadanos y de organizaciones de derechos humanos han denunciado hacinamiento, falta de acceso regular a agua potable y deficiencias en los servicios de salud al interior del penal.
El propio reportaje de El Tiempo describe el estado actual de las instalaciones mediante un registro fotográfico. Las imágenes muestran las áreas de alojamiento, los patios y los espacios comunes, en un contexto de debate sobre la calidad de vida de los internos.
La decisión de trasladar a Epa Colombia se conoce en un momento en que la opinión pública sigue de cerca la situación judicial de la influenciadora, condenada por hechos ocurridos durante las protestas de noviembre de 2019. El Inpec no había detallado hasta ahora los motivos del cambio de centro de reclusión.
La orden presidencial añade un componente político al caso. El traslado fue firmado por el presidente De La Espriella, lo que implica que la decisión pasó del ámbito estrictamente judicial y administrativo a una instrucción directa del jefe de Estado, un hecho poco habitual en el manejo del sistema penitenciario.
Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores suelen alertar sobre los efectos que tienen los traslados en la integridad física y emocional de las personas privadas de la libertad. Cambiar de centro interrumpe rutinas, visitas y tratamientos médicos, y expone a los internos a condiciones de reclusión que en muchos casos no son óptimas.
En el caso de La Picaleña, las denuncias previas sobre la falta de agua y las condiciones sanitarias abren un interrogante sobre las garantías que tendrá Epa Colombia durante su permanencia allí. La Defensoría del Pueblo y la Personería de Ibagué han sido llamadas a verificar el estado del penal.
El caso reaviva el debate sobre el uso del poder presidencial para disponer traslados de personas ya condenadas. Expertos en derecho penal consultados en otras ocasiones han señalado que estas decisiones deben pasar por filtros judiciales, salvo que se sustenten en razones de seguridad o de gravedad institucional.
Por ahora, lo que queda es el seguimiento a las condiciones reales de reclusión en La Picaleña y la respuesta institucional a los cuestionamientos que el propio reportaje de El Tiempo puso sobre la mesa. La ciudadanía observa si el Gobierno informará oficialmente los motivos del traslado y si se adoptarán medidas frente a las fallas estructurales del penal.