Según el reporte de Estrella Digital Colombia, la hipótesis de una reactivación del fracking en Colombia se instala de nuevo en la conversación pública, impulsada esta vez por la figura del presidente Abelardo de La Espriella. El asunto reabre una discusión que el país creía cerrada tras las decisiones tomadas en años anteriores.
El fracking, o fracturación hidráulica, es una técnica para extraer gas y petróleo de formaciones rocosas mediante la inyección de agua, arena y compuestos químicos a alta presión. En Colombia, los estudios oficiales se concentraron en cuencas como la del Valle Medio del Magdalena, donde se firmaron contratos piloto que luego fueron suspendidos.
Entre 2020 y 2022, el debate se dio en medio de una alta polarización. El gobierno de Iván Duque impulsó los pilotos de investigación y dejó contratos firmados. El gobierno de Gustavo Petro, en cambio, frenó esos proyectos y planteó una transición energética basada en la sustitución gradual de los ingresos por petróleo y carbón.
En ese contexto, una eventual reapertura bajo De La Espriella implicaría revisar los contratos vigentes, los compromisos ambientales adquiridos y la regulación vigente. También obligaría a definir si los pilotos se reactivarían, se cancelarían o se reemplazarían por nuevas licitaciones.
Para los sectores productivos, sobre todo en departamentos petroleros como Santander, Boyacá y Cesar, la exploración no convencional se ve como una oportunidad para mantener la inversión y el empleo. Las cámaras de comercio y los gremios argumentan que el país necesita más reservas para garantizar la seguridad energética.
Organizaciones ambientales y comunidades campesinas mantienen los reparos de siempre: el consumo intensivo de agua en zonas donde el recurso es escaso, el riesgo de contaminación de acuíferos y la sismicidad inducida. Piden que cualquier decisión se someta a consultas previas y a estudios de impacto actualizados.
El Ministerio de Minas y Energía, las autoridades ambientales y el Ministerio de Hacienda serían las entidades llamadas a fijar la posición oficial, en caso de que la propuesta se concrete. También intervendrían la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Más allá del debate técnico, la discusión política y social apenas empieza. Las regiones productoras preparan peticiones formales, los grupos ambientales preparan litigios y la academia insiste en que la decisión se tome con base en evidencia independiente y transparente, sin importar el signo del gobierno de turno.
Por ahora, según el reporte citado, no hay un decreto ni una hoja de ruta oficial sobre el fracking. Lo que existe es un escenario abierto: el de un gobierno entrante que anuncia la intención de revisarlo, frente a un país que ya debatió el tema durante varios años y que ahora debe actualizar sus argumentos.