El fracking regresa al primer plano de la agenda legislativa colombiana. El Congreso radicó un nuevo proyecto de ley orientado a regular esta técnica de extracción de hidrocarburos, en lo que ya se contabiliza como el sexto intento legislativo en los últimos años, según reportó La FM.
La discusión llega en un momento sensible: la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella está próxima. El nuevo gobierno hereda así un debate técnico, ambiental y económico que ninguna administración anterior ha logrado zanjar de manera definitiva.
Colombia ha oscilado entre la prohibición y la apertura del fracking en la última década. En 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro, se suspendieron los contratos de exploración mediante esta técnica y se declaró una moratoria que limitó nuevos pilotos. Esa decisión cerró una puerta que antes se había abierto con los Proyectos Piloto de Investigación Integral, conocidos como PPII, adelantados principalmente en el Valle Medio del Magdalena.
Para los defensores de la técnica, el fracking es una vía para incrementar las reservas de gas y petróleo, recursos clave para la seguridad energética del país y para sostener ingresos fiscales vía regalías. Argumentan que países como Estados Unidos y Argentina han usado la técnica para aumentar su producción y que, con regulación adecuada, los riesgos pueden mitigarse.
Los críticos, en cambio, cuestionan los impactos sobre el agua, los sismos inducidos y las comunidades cercanas a los pozos. Organizaciones ambientales han pedido mantener la moratoria y avanzar hacia una transición energética basada en renovables. También señalan que la técnica exige grandes volúmenes de agua y arena, en un país con estrés hídrico en varias regiones.
El nuevo proyecto no parte de cero. Sus autores deben conciliar posiciones sobre puntos sensibles: la posibilidad de nuevos pilotos, los mecanismos de consulta previa con comunidades, los estándares ambientales exigibles y la distribución de regalías en los municipios receptores. Cualquiera de estos puntos puede modificar de forma sustancial el alcance de la ley.
Para la ciudadanía, el debate tiene implicaciones directas. Las decisiones que tome el Congreso en los próximos meses definirán si el país avanza hacia una mayor producción de gas no convencional o consolida el freno ya vigente. En regiones como Santander, donde se concentraron pilotos anteriores, la expectativa gira en torno a empleo, inversión local y posibles impactos ambientales.
El gobierno entrante de Abelardo De la Espriella tendrá que fijar una postura frente a un expediente con varios años de trámite y alta carga ideológica. La forma en que el nuevo Ejecutivo se pronuncie, por acción o por silencio, marcará el rumbo regulatorio de una técnica que sigue siendo controversial dentro y fuera del Congreso.
Por ahora, la radicación del proyecto reactiva el calendario legislativo. Quedan pendientes las audiencias de debate en comisiones, los ajustes por concertación con comunidades y el análisis de la Corte Constitucional sobre eventuales conflictos con el derecho a un ambiente sano. La FM seguirá el trámite como parte del seguimiento al nuevo gobierno.