El exfiscal general Francisco Barbosa radicó una denuncia formal ante la Fiscalía por un presunto esquema de espionaje que, según su versión, se dirigió en su contra durante el gobierno de Gustavo Petro. El exfuncionario calificó la situación como inadmisible y aseguró que se habría montado una Parafiscalía, en referencia a una estructura paralela dentro del ente investigador.
De acuerdo con la información conocida, un informe forense recopilado como parte de la denuncia incluye a expresidentes, exfuncionarios, militares retirados y dirigentes políticos entre las personas que habrían sido objeto de seguimiento. La actividad denunciada se habría extendido entre 2022 y 2026, un periodo que coincide con buena parte de la administración anterior.
La denuncia plantea que la recopilación de datos no tuvo respaldo legal, lo que constituye el núcleo de la queja. Según Barbosa, las actividades habrían incluido la obtención de información personal y de comunicaciones sin las autorizaciones judiciales que exige la legislación colombiana para este tipo de procedimientos.
El caso revive el debate sobre el uso de herramientas de inteligencia dentro del Estado. La Constitución y la ley establecen requisitos claros para interceptar comunicaciones o recolectar datos personales, y cualquier actividad por fuera de esos marcos se considera ilegal. Las denuncias de espionaje político tienen antecedentes sensibles en la historia reciente del país.
La Fiscalía General de la Nación, la misma entidad señalada en la denuncia, será la encargada de evaluar las pruebas y decidir si abre una investigación formal. Este tipo de situaciones suelen derivar en conflictos de competencia, por lo que no se descarta que el caso termine en manos de la Corte Suprema de Justicia o de un fiscal especializado.
Entre los eventuales afectados aparecen militares retirados, lo que añade un componente de seguridad nacional. De confirmarse la existencia de seguimientos a uniformados en retiro, el tema podría escalar hacia la Jurisdicción Penal Militar o la propia justicia ordinaria, dependiendo de la naturaleza de los hechos denunciados.
La inclusión de expresidentes en el informe forense amplía el alcance del escándalo. Cualquier expresidente conserva un esquema de seguridad institucional y goza de fuero especial, lo que obliga a que eventuales investigaciones se conduzcan con criterios más estrictos de reserva y debido proceso.
El gobierno de Abelardo de la Espriella, que inició su mandato en 2026, hereda un caso que ya está en curso y que toca directamente a las instituciones del Estado. El nuevo Ejecutivo no ha sido vinculado formalmente a los hechos denunciados, pero la apertura de esta investigación marcará la relación entre el nuevo gobierno y la Fiscalía en materia de transparencia.
La reacción de los sectores políticos no se hizo esperar. Dirigentes cercanos al gobierno anterior rechazaron los señalamientos y pidieron garantías para los exfuncionarios, mientras que voceros de la oposición al gobierno Petro exigieron una investigación profunda y sin sesgos. La Corte Suprema y los organismos de control también podrían intervenir si se acreditan responsabilidades disciplinarias.
Por ahora, el expediente está en etapa inicial. Barbosa entregó el informe forense como prueba y pidió que se identifique a los responsables. Las autoridades deberán determinar si existió una red de espionaje ilegal y, de ser así, quiénes la conformaron, una pesquisa que promete prolongarse durante los próximos meses.