La Presidencia de la República ordenó frenar la contratación en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y abrió una auditoría interna tras una denuncia sobre el crecimiento de los contratos por Orden de Prestación de Servicios, conocidos como OPS, durante los últimos cuatro años. La decisión la confirmó la propia Casa de Nariño, según reportó El Tiempo.
De acuerdo con la fuente, la Presidencia reconoció incrementos sostenidos en tres modalidades de contratación: las OPS, la contratación directa y los eventos. El señalamiento más fuerte es que los contratos OPS se multiplicaron por seis en el periodo analizado, un dato que encendió las alertas dentro del equipo de Gobierno.
El Dapre es la entidad encargada de apoyar directamente al presidente en el manejo administrativo y financiero de la Casa de Nariño, por lo que sus procesos de contratación tienen impacto directo sobre la ejecución del presupuesto asignado a la Presidencia. Una auditoría de este tipo revisa el cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en el uso de los recursos.
La auditoría ordenada por la Presidencia apunta a determinar si el aumento de contratos respondió a necesidades reales del Dapre o si hubo un uso indebido de las distintas modalidades de vinculación. En particular, las OPS permiten contratar personal por tareas específicas sin generar una relación laboral de planta, una figura que suele estar bajo observación cuando crece de forma acelerada.
La medida se conoce en un contexto de mayor escrutinio sobre la contratación pública en Colombia, donde distintos organismos de control han llamado la atención sobre el uso intensivo de la Orden de Prestación de Servicios como forma de vinculación. Organizaciones civiles y veedurías han pedido reglas más claras sobre los límites entre contratación legítima y precarización laboral.
Para los ciudadanos, el alcance de esta decisión es directo: el Dapre administra recursos de funcionamiento e inversión de la Presidencia, y cualquier irregularidad en su contratación afecta la forma como se ejecutan esos dineros. Por ahora no se reportan destituciones ni sanciones individuales, pero la auditoría sí puede derivar en hallazgos disciplinarios o fiscales.
Entre las reacciones registradas en la fuente, la propia Presidencia asumió la denuncia como un llamado de atención y la enmarcó en su compromiso con la austeridad y el control del gasto. Sectores de opinión han pedido que los resultados de la auditoría se hagan públicos y que se establezcan responsabilidades si se confirman los incrementos denunciados.
Queda pendiente conocer el alcance temporal de la auditoría, las dependencias del Dapre que serán revisadas y si la suspensión de la contratación se levantará antes de que concluya el proceso de revisión. La Presidencia no entregó de momento un cronograma detallado sobre la entrega de resultados.
La denuncia y la respuesta oficial abren un nuevo capítulo de control interno en la Casa de Nariño, en el tramo final del gobierno Petro, y obligan a la administración a mostrar cifras claras sobre la evolución de la contratación en el Dapre.