El Gobierno Nacional puso en circulación un proyecto de decreto que reforma el Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la Protesta. El texto busca precisar los protocolos de actuación de la fuerza pública cuando una manifestación pacífica deriva en hechos violentos, según reportó El Colombiano.
El punto central del borrador es que la fuerza pública podrá irrumpir en una protesta sin agotar previamente una etapa de diálogo cuando se configuren hechos violentos. La norma, tal como está redactada, pretende llenar lo que el Ejecutivo considera vacíos operativos en la regulación vigente.
El Decreto 003 de 2021 surgió como un marco para garantizar el derecho a la reunión pacífica y fijar reglas de intervención de las autoridades. Contemplaba mecanismos de diálogo, mediación y acompañamiento antes de cualquier operativo. El nuevo proyecto apunta a acortar ese recorrido cuando la violencia aparece en escena.
Para el Gobierno, la reforma responde a la necesidad de responder con mayor rapidez ante disturbios, vandalismo o agresiones que se presenten durante las movilizaciones. El argumento oficial es que la fase de diálogo previa puede retrasar la atención de situaciones que pongan en riesgo a ciudadanos, bienes públicos o a los propios uniformados.
Organizaciones de derechos humanos y plataformas sociales han expresado reparos. Les preocupa que la eliminación del diálogo previo abra la puerta a intervenciones desproporcionadas, y han pedido que cualquier modificación preserve las garantías ciudadanas y los estándares internacionales de uso de la fuerza.
El proyecto de decreto aún debe surtir el trámite de consulta pública y la revisión de entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Una vez consolidado, pasará a sanción presidencial. Hasta entonces, el texto puede ser ajustado a partir de los comentarios que lleguen de la sociedad civil y de los organismos de control.
La discusión se da en un país donde las manifestaciones han sido escenario recurrente de tensiones entre el derecho a la protesta y el orden público. Cualquier cambio al Estatuto de la Protesta reaviva el debate sobre los límites de la fuerza pública, los protocolos de actuación y la protección de quienes ejercen la movilización social de forma pacífica.
En la práctica, si el decreto queda como está, las autoridades contarán con un margen más amplio para desplegar operativos en cuanto se reporten hechos violentos, sin que medie un intento formal de disuasión. Para los ciudadanos, eso significa que el momento de la intervención policial puede llegar más temprano en la cadena de eventos.