La creadora de contenido Gabriela Muñoz publicó una serie de mensajes en la red social X en los que cuestionó la visión de seguridad del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En su publicación planteó que la protección de la ciudadanía no se agota en las estrategias de orden público y lanzó la pregunta: ¿Qué nos están vendiendo?
Muñoz argumentó que hablar de seguridad implica también garantizar condiciones materiales para la vida. En su reflexión mencionó que la población necesita alimentos, ingresos, derechos y acceso al agua como parte integral de cualquier política de protección efectiva.
La publicación se inscribe en el debate más amplio sobre el concepto de seguridad que ha marcado la discusión pública en Colombia durante las últimas décadas. Tradicionalmente, la seguridad ciudadana se ha asociado con la lucha contra la criminalidad, el fortalecimiento de la fuerza pública y la reducción de los índices de violencia. Sin embargo, distintos enfoques han planteado que la seguridad también abarca dimensiones sociales y económicas.
El gobierno de Abelardo de la Espriella ha centrado parte de su discurso en el orden público y la lucha contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras formas de delito. Las declaraciones de Muñoz se producen en un contexto de discusión sobre cómo se mide el éxito de esas políticas y qué indicadores se deben priorizar.
La intervención de Muñoz se suma a otras voces que han pedido ampliar la mirada sobre la seguridad. Para suscritores de esta postura, una política que no aborde la pobreza, la falta de oportunidades laborales o la crisis de derechos humanos puede tener resultados limitados en el corto y mediano plazo.
En la conversación en X, varios usuarios respondieron a la creadora de contenido con posturas divididas. Algunos coincidieron con su llamado a una seguridad más amplia. Otros defendieron que las políticas de orden público son el primer paso para estabilizar el país y que las demás dimensiones se atienden después.
Por ahora, el gobierno no ha emitido una respuesta pública directa a los mensajes de Muñoz. El episodio deja sobre la mesa la tensión entre dos lecturas de la seguridad: una centrada en la fuerza del Estado y otra que incorpora los determinantes sociales del conflicto y la convivencia.
Queda por ver si la controversia derivada de los mensajes de Muñoz trasciende la esfera digital y se traduce en un debate formal en el Congreso, en los medios o en escenarios académicos sobre el diseño de la política pública de seguridad del actual gobierno.