El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella autorizó el regreso del glifosato como herramienta en la estrategia contra los cultivos ilícitos en Colombia, según reportó Valora Analitik. La decisión marca un giro en la política de lucha contra las drogas que el país había limitado en los últimos años por razones ambientales y de salud pública.
De manera paralela, la administración desmontó el nuevo comité que se había creado para monitorear los cultivos ilícitos. Con ese movimiento, el Ejecutivo concentra el seguimiento de los cultivos en las instancias existentes y le abre paso al uso del herbicida, que había sido restringido tras una suspensión que rigió durante buena parte del gobierno anterior.
El glifosato es un herbicida de amplio espectro usado a nivel mundial en la agricultura. En Colombia, su aplicación contra los cultivos de coca se realizó por medio de aspersiones aéreas hasta que la Corte Constitucional y decisiones administrativas fijaron condiciones más estrictas para su uso. Desde entonces, el Estado colombiano privilegió la erradicación manual.
La discusión sobre el regreso del glifosato divide a sectores ambientales, científicos, cultivadores y organismos de control. Mientras sus defensores sostienen que es una herramienta eficaz para reducir áreas de coca, sus críticos alertan sobre los efectos en la salud de las comunidades rurales, los suelos, las fuentes de agua y la biodiversidad.
La decisión del gobierno se conoce en un contexto internacional donde varios países han restringido el uso del glifosato y donde la Organización Mundial de la Salud ha clasificado su ingrediente activo como probable cancerígeno. En Colombia, los estudios oficiales han mostrado resultados distintos según la metodología empleada.
Al desmontar el comité de monitoreo, el gobierno elimina un espacio técnico que buscaba hacer seguimiento independiente a la evolución de los cultivos ilícitos y a los métodos de intervención. Sectores académicos y organizaciones sociales habían pedido mantener ese tipo de veeduría para evaluar el impacto real de las políticas de drogas.
Para los ciudadanos, la medida tiene efectos directos en las zonas donde existen cultivos de uso ilícito, muchas veces habitadas por familias campesinas que dependen de esa economía. También impacta a las comunidades que han pedido estrategias de sustitución voluntaria, a las fuerzas de seguridad y a los organismos judiciales que investigan los eslabones del narcotráfico.
Quedan pendientes varios anuncios oficiales sobre la modalidad de uso del glifosato, las áreas que cubrirá y los protocolos de protección a las comunidades. El gobierno también deberá explicar cómo articulará la aspersión con los programas de sustitución y desarrollo alternativo que aún operan en distintos territorios del país.
La decisión deja abierto el debate en el Congreso, en las cortes y en los territorios sobre si el regreso del glifosato fortalece o debilita la lucha contra el narcotráfico, y sobre qué papel tendrán el monitoreo, la veeduría ciudadana y la protección ambiental dentro de la nueva política de drogas.