El gobierno colombiano puso sobre la mesa el glufosinato de amonio como una de las sustancias candidatas para los programas de aspersión orientados a la erradicación de cultivos de uso ilícito. La información, publicada por Pulzo, reavivó un debate técnico y ambiental que lleva años abierto en el país.
El glufosinato de amonio es un herbicida de amplio espectro empleado en la agricultura comercial para el control de malezas. Su uso en la lucha contra los cultivos ilícitos no es nuevo en Colombia: en ciclos operativos anteriores ya se emplearon fórmulas similares, aunque con restricciones y bajo esquemas de supervisión. La diferencia ahora es el contexto regulatorio y la presión internacional para reducir herbicidas altamente persistentes.
De acuerdo con el extracto de Pulzo, la propuesta del gobierno llega pese a las dudas existentes sobre los riesgos del compuesto para la salud humana y los ecosistemas. Organizaciones ambientales y comunidades en zonas de asperción han señalado efectos sobre fuentes de agua, fauna polinizadora y suelos, en regiones donde la economía local depende en buena medida de la agricultura.
La discusión técnica gira en torno a la toxicidad del glufosinato, su capacidad de dispersión por aire y agua, y los protocolos de protección para los habitantes de las zonas rurales donde se aplicaría. Aunque se trata de un herbicida distinto al glifosato, cuya aspersión fue suspendida por decisiones judiciales en ciclos previos, ambos comparten críticas por la falta de estudios concluyentes sobre efectos crónicos en comunidades expuestas.
El plan del gobierno se inscribe en la estrategia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, uno de los ejes centrales del presidente Abelardo de la Espriella. La política de erradicación combina normalmente tres líneas: aspersión, erradicación manual y sustitución voluntaria. Cualquier decisión sobre un nuevo insumo químico debe pasar por filtros del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y los organismos de control.
Para los campesinos de las regiones afectadas, el debate no es solo técnico. En municipios de Caquetá, Putumayo, Cauca y Nariño, la aspersión aérea ha sido históricamente rechazada por afectar cultivos legales y fuentes de agua. Si se reanuda con un compuesto distinto, las comunidades esperan garantías de indemnizaciones, estudios previos de impacto y protocolos claros de información antes de cada jornada.
Desde el sector ambiental, el llamado reiterado ha sido a privilegia alternativas de sustitución voluntaria, con acompañamiento estatal en proyectos productivos lícitos. La erradicación química se plantea como último recurso en zonas donde la presencia de cultivos ilícitos sostiene estructuras armadas y economies ilegales que financian la violencia.
Pulzo reporta que el debate sigue abierto y que el Ministerio de Ambiente y las autoridades sanitarias deberán pronunciarse sobre los protocolos y umbrales de exposición. Por ahora no hay fecha definida para iniciar operaciones con el nuevo herbicida, y la decisión final dependerá de los conceptos técnicos que entregue la comunidad científica y los organismos de control.