El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le pidió al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que preserve los espacios de diálogo con los grupos armados y diseñe una política de seguridad diferencial para el departamento. La solicitud fue reportada por CAMBIO Colombia.
Nariño es uno de los departamentos con mayor complejidad en materia de orden público del país. En su territorio confluyen economías ilegales como el narcotráfico, presencia histórica de organizaciones armadas y disputas por el control territorial que afectan a comunidades rurales y urbanas por igual.
La figura de la seguridad diferencial parte de reconocer que las regiones no enfrentan los mismos retos ni cuentan con las mismas capacidades institucionales. Departamentos fronterizos, costeros y con presencia de cultivos de uso ilícito suelen requerir estrategias adaptadas a su contexto, según han planteado distintos analistas de seguridad.
La petición del gobernador se inscribe en el debate sobre la transición entre la política de Paz Total, impulsada por gobiernos anteriores, y el nuevo enfoque del gobierno de De la Espriella. El gobernador advirtió sobre el riesgo de pasar de un extremo a otro sin considerar las realidades territoriales.
En lo institucional, los mandatarios departamentales tienen la competencia de articular acciones con el gobierno nacional en materia de seguridad y convivencia. Sus solicitudes formales suelen canalizarse a través del Ministerio del Interior o de Defensa, según el caso.
La comunidad de Nariño, integrada por cerca de 1,6 millones de habitantes, ha sido afectada por hechos de violencia asociados al conflicto armado y al crimen organizado. Las cifras de desplazamiento forzado y confinamientos han situado al departamento entre los más golpeados del país en los últimos años, aunque los datos precisos no aparecen en el extracto de la fuente.
La declaración del gobernador se conoció en medio de la expectativa que generó el nuevo gobierno sobre el rumbo de las conversaciones con grupos como el ELN, disidencias de las antiguas FARC y estructuras criminales organizadas. Hasta ahora no se ha hecho público un pronunciamiento oficial del presidente De la Espriella sobre esta solicitud específica.
Queda por verse si el gobierno nacional atenderá la petición de mantener los diálogos y adoptar una política diferencial para Nariño. La respuesta marcará un precedente sobre el nivel de autonomía con el que las regiones podrán negociar su propio enfoque de seguridad dentro del marco nacional.