El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, salió al frente de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella y rechazó de plano cualquier negociación clandestina con organizaciones armadas en su departamento. Según el reporte del Diario del Cauca, el mandatario regional sostuvo que su gestión se ha enmarcado dentro de los procesos de paz territorial promovidos por el Gobierno nacional.
Las afirmaciones del gobernador se conocen luego de que el presidente De la Espriella, en el marco de la Cumbre de Gobernadores, enviara un mensaje directo a los mandatarios locales y regionales. De la Espriella advirtió que ninguna autoridad del orden territorial puede establecer acuerdos o contactos secretos con grupos al margen de la ley, en línea con el principio de unidad de mando que el Ejecutivo defiende en materia de seguridad.
Nariño es uno de los departamentos con mayor presencia de grupos armados ilegales y de economías ilícitas, lo que convierte la relación entre el gobernador, las fuerzas militares y los procesos comunitarios en un tema sensible. En esa región confluyen disidencias de las Farc, el ELN y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, que históricamente han condicionado la vida en zonas rurales y municipios ribereños del Pacífico nariñense.
Escobar insistió en que los acercamientos que se han dado en su departamento son públicos, institucionales y alineados con la política de paz territorial del Gobierno, una estrategia que busca llevar presencia estatal a zonas históricamente abandonadas mediante diálogos comunitarios, no con las estructuras armadas como tales. La paz territorial se distingue, precisamente, por evitar negociaciones políticas con los comandantes de esos grupos.
Desde el Ejecutivo, el mensaje del presidente busca marcar una línea roja frente a cualquier intento de negociación directa entre gobernadores o alcaldes y estructuras criminales. La advertencia cobra relevancia en un momento en el que distintos mandatarios locales han denunciado la penetración de grupos armados en la política regional y la necesidad de respuestas coordinadas con la Fuerza Pública.
La postura del gobernador nariñense deja abierta una discrepancia pública con la Casa de Nariño, aunque por ahora no se reportan sanciones, investigaciones ni pronunciamientos disciplinarios en contra de Escobar. La diferencia, según analistas consultados en otras ocasiones, se centra en el alcance de los diálogos territoriales: para unos equivalen a contactos prohibidos, para otros son la única vía de diálogo con comunidades bajo influencia armada.
En el corto plazo, la atención se concentra en si el Ministerio del Interior o la Consejería de Paz convocarán al gobernador a una mesa de aclaración, o si el tema se resolverá en el marco de la propia Cumbre de Gobernadores. Mientras tanto, Nariño continúa siendo uno de los departamentos donde la seguridad y la presencia institucional siguen siendo tareas pendientes del Estado.