El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, le salió al paso a la advertencia que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dirigió a gobernadores y alcaldes del país. En su pronunciamiento, el jefe de Estado señaló la posibilidad de que algunos mandatarios regionales sostengan negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con grupos armados al margen de la ley.
La respuesta del gobernador nariñense se produjo después de esas declaraciones y rechazó de forma categórica cualquier vínculo de esa naturaleza. Su pronunciamiento se inscribe en el debate nacional sobre los límites de la interlocución regional con estructuras ilegales en un país donde distintos grupos armados conservan presencia territorial.
Nariño es uno de los departamentos del suroccidente colombiano con mayor presencia de organizaciones armadas ilegales. En la zona hacen presencia disidencias de las antiguas Farc, grupos sucesores del paramilitarismo y organizaciones dedicadas al narcotráfico, lo que ha derivado en hechos de violencia contra comunidades y autoridades locales.
La figura del gobernador en Colombia tiene responsabilidades en materia de seguridad y convivencia dentro de su territorio, aunque la conducción de la política de seguridad y las negociaciones con grupos armados están radicadas en el Gobierno nacional. Esa separación de competencias ha generado tensiones en distintos momentos entre mandatarios locales y el Ejecutivo.
La advertencia presidencial apunta a fijar un marco claro frente a eventuales acercamientos regionales con estructuras criminales. En la práctica, cualquier diálogo con esos grupos corresponde al orden nacional, y los mandatarios departamentales y municipales deben ceñirse a los protocolos establecidos por el Gobierno central.
En su respuesta, el gobernador Escobar se desmarcó de cualquier sospecha y sostuvo que su gestión se mueve dentro de los canales institucionales. La declaración buscó despejar dudas sobre la conducta de la administración nariñense frente a los grupos armados que operan en su territorio.
El episodio deja sobre la mesa la tensión entre la autonomía regional y las directrices del Gobierno nacional en asuntos de seguridad. En zonas con fuerte presencia armada, los mandatarios locales suelen enfrentar presiones que van desde exigencias de extorsión hasta intentos de cooptación institucional.
Para la ciudadanía nariñense, el cruce de declaraciones tiene implicaciones directas en la percepción de seguridad. En municipios donde hacen presencia grupos armados, cualquier señal de entendimiento entre autoridades y estructuras ilegales suele traducirse en zozobra para la población civil y para los líderes comunitarios.
Queda por verse si el pronunciamiento del gobernador da por cerrada la controversia o si surgen nuevas reacciones desde el Gobierno nacional o desde otros mandatarios regionales. La advertencia presidencial dejó abierta la puerta a un seguimiento más estricto sobre la conducta de las autoridades locales frente a los grupos armados.