El gobernador de Nariño salió al paso de las afirmaciones del presidente Abelardo de la Espriella sobre la relación entre la Gobernación y las estructuras armadas que operan en ese departamento. En su respuesta, el mandatario regional sostuvo que la Gobernación no negoció de forma autónoma con esos grupos, según reportó Portafolio.co.
De acuerdo con la información publicada por Portafolio.co, el gobernador argumentó que los diálogos con organizaciones armadas ilegales son una competencia del Gobierno Nacional, no de las autoridades departamentales. Esa distinción marca el centro de la controversia, porque pone en duda el señalamiento presidencial sobre una supuesta negociación paralela desde Nariño.
Nariño es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales y por hechos de violencia asociados al conflicto. En esa región han operado históricamente organizaciones guerrilleras, grupos sucesores del paramilitarismo y redes criminales dedicadas al narcotráfico, lo que convierte cualquier conversación con esos actores en un asunto sensible para la seguridad nacional.
La figura del gobernador en Colombia tiene competencias limitadas en materia de orden público y seguridad. La Constitución y la ley asignan al presidente de la República la conducción de las relaciones con grupos armados al margen de la ley, a través del Alto Comisionado para la Paz o de los mecanismos que el Gobierno designe. Los mandatarios regionales, en cambio, deben ceñirse a la política nacional en esa materia.
Por eso, la aclaración del gobernador busca separar las responsabilidades. Si la Gobernación no adelantó una negociación directa, el señalamiento del presidente implicaría una lectura equivocada del rol que cumple la administración departamental frente a la política de paz y de seguridad del país.
En su pronunciamiento, el gobernador insistió en que su gestión se ha enmarcado dentro de los lineamientos del Gobierno Nacional, según el extracto de Portafolio.co. Esa postura busca evitar que se le atribuya una función que, por diseño institucional, no le corresponde.
El cruce de declaraciones deja sobre la mesa una discusión de fondo sobre los límites de la autonomía regional frente a la política de seguridad. En Colombia, la unidad de mando en esa materia es un principio constitucional, y cualquier excepción debe pasar por una autorización expresa del nivel nacional.
Por ahora, la controversia queda en el terreno de las declaraciones cruzadas. Queda por verse si el Gobierno Nacional entrega más detalles sobre los señalamientos que hizo y si la Gobernación de Nariño presenta pruebas concretas que respalden su versión de que nunca actuó por fuera de su competencia.