El gobernador de Nariño salió al frente de la advertencia formulada por el presidente Abelardo de la Espriella y rechazó de plano la existencia de diálogos clandestinos con grupos armados en su departamento. La respuesta del mandatario regional se produjo luego de que el jefe de Estado cuestionara la situación de orden público en esa zona del sur de Colombia.
En sus declaraciones, el gobernador fue enfático al señalar que no está dispuesto a tolerar un escalamiento del conflicto armado en Nariño. “No podemos pasar de la paz total a la guerra total. Yo, como gobernador, no voy a permitir que el departamento de Nariño lo llenen en sangre”, expresó el mandatario regional, según registró el portal Periodicovirtual.
Nariño es uno de los departamentos con mayor complejidad en materia de seguridad. Su condición de frontera con Ecuador y su geografía montañosa lo han convertido históricamente en escenario de disputas entre organizaciones armadas ilegales, incluyendo disidencias de las antiguas FARC, grupos narcotraficantes y bandas dedicadas al contrabando. Esa confluencia de actores armados explica por qué la región aparece de manera recurrente en los reportes de violencia del país.
La figura del gobernador frente a la seguridad departamental tiene un rol constitucional específico. Aunque la dirección de la política de defensa y orden público corresponde al presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, los mandatarios regionales participan en los consejos de seguridad y articulan acciones con la Fuerza Pública en su territorio. Esa doble responsabilidad suele alimentar tensiones entre el nivel nacional y el regional cuando se perciben diferencias sobre el manejo de la crisis.
Desde que asumió la presidencia, De la Espriella ha planteado como eje de su política una línea de mano firme contra los grupos armados al margen de la ley. Su advertencia al gobernador nariñense se inscribe en esa orientación general, en la que el Ejecutivo ha reiterado que cualquier acercamiento con estructuras criminales debe ceñirse a los marcos legales vigentes y no puede ser conducido por fuera de los canales oficiales.
La réplica del gobernador reabre un debate nacional sobre los límites entre la autonomía territorial y las directrices del Gobierno central en materia de orden público. Gobernadores de otras regiones han reclamado en el pasado mayor coordinación, mientras que el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de una respuesta unificada frente a las organizaciones armadas. El cruce de declaraciones deja en evidencia que ese equilibrio sigue sin resolverse.
Para los habitantes de Nariño, la discusión tiene efectos prácticos. La población civil de municipios como Tumaco, Barbacoas, El Charco y la zona andina ha padecido de manera directa las consecuencias de los enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública. Cualquier decisión sobre diálogos o confrontación militar impacta la vida cotidiana de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan esas zonas.
Por ahora, el gobernador reiteró su compromiso de mantener la institucionalidad en el departamento y descartó acercamientos no autorizados con estructuras ilegales. Queda por verse si el Gobierno nacional abrirá una investigación formal sobre los hechos denunciados por el presidente y si convocará un espacio de coordinación con las autoridades nariñenses para revisar la situación de seguridad en el territorio.
La información consignada en este artículo proviene del reporte publicado por Periodicovirtual. El Observatorio Ciudadano seguirá el desarrollo de este cruce de declaraciones y sus posibles repercusiones en la política de seguridad del suroccidente colombiano.