El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, elevó al gobierno nacional una solicitud formal para convocar un consejo de seguridad urgente en el departamento. El pedido responde a la ola de ataques contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, registrados en las últimas semanas en distintos puntos de Santander, según reportó el medio regional bucaramanga.alerta.com.co.
De acuerdo con la información publicada por ese portal, los ataques han incluido acciones violentas contra servidores del cuerpo de custodia y vigilancia, así como hechos dirigidos contra instalaciones del Inpec. Aunque la nota no detalla cada uno de los episodios, el gobernador los enmarca como una situación que ya supera el alcance de la respuesta departamental y exige la presencia directa de la Casa de Nariño y de la fuerza pública nacional.
Santander es uno de los departamentos con mayor densidad de establecimientos carcelarios del país. En su territorio funcionan varios de los penales más grandes del Inpec, entre ellos la Cárcel Modelo de Bucaramanga y el establecimiento de mínima y mediana seguridad de Palogordo, en Girón. La presencia de estas cárceles convierte al departamento en un punto sensible para el control de las organizaciones criminales que operan desde y hacia los centros de reclusión.
El Inpec es la entidad adscrita al Ministerio de Justicia encargada de la guardia, vigilancia y atención de la población privada de la libertad en Colombia. En los últimos años ha enfrentado múltiples crisis de seguridad, incluyendo amenazas a sus uniformados, intentos de fuga, extorsiones desde las cárceles y ataques externos. En ese contexto, los hechos denunciados en Santander se suman a una lista de tensiones que las autoridades intentan contener desde distintos frentes.
La figura del consejo de seguridad nacional, prevista en la legislación colombiana, reúne al presidente, a los ministros del ramo, al comandante de las Fuerzas Militares, al director de la Policía Nacional y a otras autoridades competentes. En la práctica, permite articular decisiones sobre inteligencia, despliegue militar y coordinación con la Fiscalía cuando la gravedad de los hechos lo amerita, lo que explica el carácter urgente del pedido del gobernador.
Para los habitantes de Santander la situación tiene efectos directos en la vida cotidiana. Las amenazas al Inpec suelen traducirse en restricciones de movilidad en zonas cercanas a los penales, operativos de registro en barrios y veredas, y un aumento temporal de la presencia militar y policial en las ciudades. En municipios como Bucaramanga, Floridablanca y Girón, la tensión se refleja en el clima de seguridad que perciben los ciudadanos.
Hasta el momento, el reporte de bucaramanga.alerta.com.co no registra una respuesta pública del gobierno nacional sobre la convocatoria del consejo de seguridad. Tampoco se detallan medidas inmediatas adoptadas tras la solicitud del gobernador. La decisión final queda en manos del presidente Abelardo de la Espriella y de su equipo de seguridad, quienes deberán evaluar la pertinencia de activar el mecanismo en las próximas horas o días.
Quedan pendientes por esclarecer varios puntos sensibles: el número exacto de ataques al Inpec denunciados, los municipios donde ocurrieron, las hipótesis que manejan las autoridades sobre los autores materiales y los móviles, así como las eventuales capturas o medidas disciplinarias derivadas de los hechos. La opinión pública santandereana y nacional estará atenta a la respuesta del Ejecutivo frente a este llamado de urgencia.
Por ahora, la solicitud del gobernador Juvenal Díaz pone sobre la mesa una pregunta de fondo sobre la articulación entre los gobiernos departamentales y el Ejecutivo nacional en materia de seguridad. Santander, por su perfil carcelario y su cercanía con el Catatumbo y con rutas de economías ilegales, suele situarse en el centro de los análisis sobre el orden público en Colombia.