El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, se reunió con el presidente electo Abelardo de la Espriella para exponerle la crisis de seguridad que atraviesa el departamento. Según el reporte de Infobae, Villalba cuestionó los resultados obtenidos por la política de Paz total en la región y advirtió sobre el avance de grupos disidentes que operan en distintos municipios huilenses.
El encuentro hace parte de la ronda de reuniones que el presidente electo sostiene con mandatarios regionales antes de su posesión. En estas citas, los gobernadores presentan balances sobre los temas sensibles de su territorio, en este caso el orden público, y proponen líneas de acción que el nuevo gobierno pueda incorporar en su plan de trabajo inicial.
El Huila ha sido escenario en los últimos años de acciones atribuidas a disidencias de las antiguas FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016, así como de estructuras dedicadas al narcotráfico y a la extorsión. La zona del occidente y sur del departamento, en límites con Cauca y Caquetá, ha reportado de manera recurrente presencia de estos grupos y confrontaciones con la Fuerza Pública.
Villalba entregó a de la Espriella un balance que, según la fuente, muestra preocupación por el avance territorial de las disidencias y por la percepción de seguridad en zonas rurales. El gobernador pidió acciones concretas para contener la expansión de esos grupos y proteger a la población civil, en especial a las comunidades campesinas e indígenas que habitan en áreas de alta incidencia.
De la Espriella, por su parte, asumió dos compromisos centrales. El primero fue revisar, en los primeros 100 días de su gobierno, las principales necesidades del Huila en materia de seguridad y desarrollo. El segundo, reforzar la presencia militar en el departamento, una decisión que implica el despliegue o la reubicación de unidades de las Fuerzas Militares en los puntos más críticos.
El anuncio se da en un contexto nacional en el que la Fuerza Pública ha incrementado operaciones contra estructuras como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, que son las principales disidencias activas en el sur del país. El Huila comparte corredores de movilidad con Cauca, Putumayo y Caquetá, zonas que han sido estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
Para los habitantes del Huila, una mayor presencia militar puede traducirse en más pie de fuerza en cabeceras municipales y zonas rurales, pero también en controles más estrictos y en eventuales restricciones a la movilidad. La evaluación de esas medidas dependerá, en gran parte, de la articulación que el nuevo gobierno establezca con la Gobernación y con las alcaldías locales.
La reunión dejó abiertas varias tareas pendientes. Falta definir el número exacto de tropas que se destinarán al departamento, los municipios donde se concentrarán los refuerzos y los recursos que se asignarán para acompañar el despliegue. También está por definirse cómo se articulará la política de seguridad regional con los programas de inversión social que las comunidades afectadas han reclamado de manera insistente.
El compromiso de los 100 días se convierte, así, en un primer termómetro para medir la relación entre el gobierno de de la Espriella y los departamentos más golpeados por la violencia. En el caso del Huila, el gobernador Villalba planteó un diagnóstico crítico y obtuvo una respuesta concreta. Ahora corresponde esperar cómo se traducen esos anuncios en acciones verificables sobre el terreno.