El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, salió al paso de las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella y rechazó de forma categórica que en su departamento se adelanten negociaciones clandestinas. La reacción se produjo poco después de que el jefe de Estado le enviara un mensaje directo con la frase: "Está usted advertido", según reportó el diario El Nuevo Día.
De la Espriella había utilizado su cuenta en redes sociales para lanzar la advertencia al mandatario regional. Aunque el contenido exacto del mensaje no trascendió por completo, la difusión pública del trino dejó en evidencia una tensión entre el Gobierno nacional y la administración departamental en uno de los territorios más sensibles del país por su cercanía con la frontera ecuatoriana.
Nariño es uno de los departamentos donde confluyen históricamente múltiples factores de riesgo: presencia de grupos armados organizados, disputas por el control de cultivos de uso ilícito y rutas de narcotráfico, además de necesidades estructurales en materia de vías, salud y educación. Cualquier sospecha de diálogos no oficializados con estructuras ilegales suele activar de inmediato el debate sobre la política de seguridad y la coherencia del discurso oficial frente a la ley.
En su respuesta, Escobar sostuvo que su gestión se enmarca en el respeto a la ley y defendió la transparencia de los canales de diálogo que pueda tener la Gobernación. El gobernador pidió que cualquier señalamiento se Tramite por las vías institucionales y no a través de mensajes públicos que, en su concepto, afectan la gobernabilidad del departamento.
El episodio se inscribe en un patrón de relacionamiento directo entre el presidente De la Espriella y los mandatarios locales a través de redes sociales. A lo largo de los últimos meses, el jefe de Estado ha utilizado ese mismo canal para llamar la atención a funcionarios, prefectos y empresarios, tanto para exigir resultados como para fijar posiciones sobre temas sensibles.
Sectores políticos consultados por medios nacionales han subrayado que este tipo de advertencias, cuando se producen en público, pueden tener un efecto inmediato en la relación entre los distintos niveles de gobierno. En el caso de Nariño, donde confluyen la relación con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, la coordinación con Bogotá resulta determinante para la ejecución de proyectos y para la atención de emergencias.
La gobernación de Nariño, por su parte, anunció que está dispuesta a entregar a los organismos de control y a la opinión pública toda la información sobre los acercamientos que haya sostenido con cualquier actor en el marco de la ley. Con ello, Escobar busca desactivar la controversia y dejar claro que no existe margen para acuerdos por fuera del ordenamiento jurídico colombiano.
Por ahora, la Casa de Nariño no ha emitido un comunicado oficial que amplíe el contenido de la advertencia presidencial. El episodio deja sobre la mesa una pregunta central: si más allá del cruce de mensajes en redes, el Gobierno nacional abrirá una investigación formal o convocará al gobernador a una mesa de trabajo para revisar la situación de orden público en el sur del país.
En el corto plazo, la expectativa se concentra en si el Ministerio del Interior o la Consejería de Paz intervienen para precisar los alcances de la advertencia y para definir los mecanismos de coordinación que permitan a Nariño avanzar en sus planes de desarrollo sin que las diferencias políticas se traduzcan en bloqueos institucionales para los ciudadanos del departamento.