La nueva directiva del Gobierno de Abelardo de la Espriella dispone que los ministros y demás altos funcionarios del Ejecutivo deben contar con una autorización previa antes de atender entrevistas a medios de comunicación. La instrucción fue socializada al interior del gabinete en los últimos días y ya comenzó a generar reacciones en distintos sectores, según reportó El Colombiano.
De acuerdo con lo publicado por El Colombiano, la medida apunta a unificar los mensajes que salen desde las distintas carteras y a evitar declaraciones contradictorias sobre temas sensibles de la agenda pública. Con la autorización previa, la oficina de comunicaciones de la Presidencia puede revisar el contexto, coordinar voceros y alinear la información que se entrega a la ciudadanía.
La práctica de regular la vocería oficial no es nueva en Colombia. Gobiernos anteriores han implementado directrices similares para centralizar la comunicación y manejar crisis informativas. Lo que cambia en esta oportunidad es el momento en que se solicita el aval: ahora deberá obtenerse antes de la entrevista y no solo antes de la publicación, como ocurría en esquemas previos.
Para los medios de comunicación, la decisión implica un paso administrativo adicional. Los periodistas deberán coordinarse con las oficinas de prensa ministeriales, que a su vez consultarán con la Casa de Nariño. Esto puede retrasar la obtención de declaraciones, sobre todo cuando se buscan reacciones rápidas ante noticias de último momento.
Desde el Gobierno se ha señalado que la directiva busca proteger la veracidad de la información y evitar que un funcionario opine sobre un tema que no es de su competencia. También permitiría responder de manera más organizada a investigaciones periodísticas y a pedidos de la opinión pública, en un contexto donde las redes sociales aceleran la difusión de cualquier declaración.
Organizaciones de prensa y agremiaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa han insistido en que cualquier protocolo de comunicación debe respetar el derecho ciudadano a la información y el acceso libre de las fuentes oficiales. Para estos veedores, los tiempos de respuesta y los criterios para conceder o negar entrevistas deberían ser públicos y transparentes.
En la práctica, la medida también puede afectar la dinámica de debates legislativos y de política pública. Cuando un ministro debe pedir autorización, su margen para fijar posición sobre proyectos en curso se reduce. Sectores como el económico, el de seguridad y el de relaciones internacionales suelen requerir voces técnicas con cierta autonomía, por lo que la aplicación estricta de la directiva podría generar fricciones internas.
Por ahora, el Ejecutivo no ha detallado si habrá excepciones para emergencias, crisis de seguridad o escenarios de atención urgente. Tampoco se conoce públicamente el documento completo ni el procedimiento exacto para solicitar la autorización. Queda pendiente cómo se aplicará la regla en ministerios que manejan información clasificada o de reserva legal, como Defensa o Inteligencia.
El Observatorio seguirá atento a los primeros casos en los que la nueva directiva se aplique o se incumpla, así como a las reacciones de medios, periodistas y organizaciones de derechos digitales frente a la medida.