Según Caracol Radio, el Gobierno nacional acudió a la Judicatura para tratar de revivir la Jurisdicción Agraria, una figura especializada en resolver conflictos de tierra que llevaba varios años intentando ser creada por vía legislativa. El hundimiento del proyecto en el Congreso dejó sin efecto esa ruta, por lo que el Ejecutivo busca ahora una alternativa institucional.
La Jurisdicción Agraria es una propuesta de vieja data en Colombia. Su propósito es crear jueces y tribunales especializados en disputes sobre propiedad, tenencia y uso del suelo rural, en un país donde los conflictos por la tierra han sido históricamente una de las fuentes principales de violencia y de litigio judicial.
El Congreso hundió el proyecto que buscaba darle vida a esta jurisdicción. Con ese resultado, la iniciativa quedó formalmente archivada en el trámite legislativo, aunque el Gobierno sostiene que no todo está perdido.
La estrategia del Ejecutivo, según la fuente, es pedirle a la Judicatura que active la Jurisdicción Agraria con base en el soporte constitucional y legal existente. El argumento central es que la Carta Política y normas vigentes ya contemplan mecanismos que permiten su funcionamiento sin requerir una nueva ley de la República.
Esa tesis es la que ahora se discute en el sector justicia. Si la Judicatura la acepta, significaría que la jurisdicción especializada podría empezar a operar por decisión administrativa, sin esperar a que el Congreso repita el debate. Si la rechaza, el camino legislativo volvería a ser el único viable.
La discusión ocurre en un momento sensible para el campo colombiano. El catastro multipropósito, la actualización del registro de tierras y los procesos de formalización rural avanzan con ritmos desiguales en distintas regiones del país. Una jurisdicción especializada podría, en teoría, acelerar el desbloqueo de miles de procesos judiciales que hoy reposan en juzgados civiles y promiscuos.
Sectores rurales y académicos han insistido durante años en la necesidad de jueces con formación específica en temas agrarios. Consideran que la justicia ordinaria, pensada para conflictos urbanos y de otra naturaleza, no siempre responde con la celeridad y el conocimiento técnico que exigen los litigios de tierra.
La Judicatura no se ha pronunciado públicamente sobre el alcance de la solicitud. Lo que sí está claro es que la decisión que adopte será determinante para definir si la Jurisdicción Agraria arranca por orden judicial o si el tema regresa, otra vez, al Capitolio Nacional para una nueva vuelta.
Por ahora, el debate queda abierto entre tres poderes: un Congreso que ya hundió el proyecto, un Gobierno que busca una vía alterna y una Judicatura que debe resolver si la petición tiene fundamento jurídico suficiente para proceder.