El Decreto 1029 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, incorpora al ordenamiento jurídico colombiano la nueva Política Pública Integral de Atención para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, según informó IFM Noticias. La decisión marca un nuevo marco normativo para uno de los fenómenos más dolorosos del conflicto y la violencia en el país.
La política reúne en un solo instrumento los criterios, las responsabilidades y los procedimientos que distintas entidades del Estado deben seguir cuando se reporta una persona como desaparecida. Hasta ahora, la búsqueda de desaparecidos estaba dispersa entre varias instituciones, lo que dificultaba la atención a los familiares y retrasaba los procesos de identificación.
El fenómeno de la desaparición forzada y voluntaria tiene una larga historia en Colombia. Organizaciones de víctimas y entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas han señalado durante años la necesidad de un protocolo unificado. La expedición de este decreto responde, según la fuente, a esa demanda acumulada.
La nueva política establece líneas de acción para coordinar a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y otras entidades que participan en la búsqueda, la recuperación y la identificación de cuerpos. También fija pautas para la atención psicosocial y jurídica de las familias, un componente que las organizaciones de víctimas han reclamado de manera insistente.
Para los familiares de personas desaparecidas, el decreto puede traducirse en un camino más claro para acceder a información sobre sus seres queridos. Muchas familias han recorrido durante años oficinas distintas sin obtener respuestas concretas. Una política integral busca reducir esa dispersión y establecer rutas únicas de atención.
La implementación de la política dependerá de la capacidad operativa de las entidades involucradas. La búsqueda e identificación de personas desaparecidas requiere recursos forenses, personal especializado y articulación interinstitucional, aspectos que han sido señalados como cuellos de botella en la atención de estos casos.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas seguramente seguirán de cerca la puesta en marcha del decreto. Para ellas, el valor de una política pública se mide en los resultados concretos: cuántas personas son localizadas, cuántas son identificadas y cuántas familias reciben respuestas después de años de incertidumbre.
Con la expedición del Decreto 1029 de 2026, el Gobierno Nacional sienta las bases para un nuevo abordaje institucional del problema. Queda pendiente conocer los detalles del reglamento, los plazos de implementación y los recursos asignados para que la política pase del papel a la práctica.