El Gobierno nacional modificó el decreto de emergencia económica que había sido declarado tras el terremoto del 10 de agosto. Con el ajuste, el Putumayo salió de la lista de departamentos cobijados por la medida, mientras que Santander y Caquetá quedaron incluidos, según reportó Vanguardia.
El cambio responde a la necesidad de reorientar los recursos y la atención institucional hacia las zonas donde se concentran los mayores daños por el sismo. Al sacar al Putumayo y sumar a Santander y Caquetá, el Ejecutivo recalibra el alcance territorial de la declaratoria de emergencia.
La emergencia económica es un instrumento que le permite al Gobierno disponer de partidas presupuestales de manera ágil para atender crisis. Una vez declarada, facilita la contratación directa, la movilización de ayudas y la llegada de recursos a las zonas afectadas sin necesidad de pasar por los trámites ordinarios del presupuesto.
Santander y Caquetá habían reportado afectaciones por el mismo movimiento telúrico, pero no figuraban en el primer listado. Su inclusión les permite acceder a los mecanismos excepcionales previstos en la declaratoria, entre ellos la disponibilidad inmediata de fondos y la coordinación unificada con las entidades de respuesta.
El presidente Abelardo de la Espriella ha centrado parte de su gestión inicial en la atención de la emergencia por el terremoto, que dejó daños en infraestructura, vivienda y vías en varios departamentos del centro y sur del país. La modificación del decreto muestra que la evaluación de daños se sigue actualizando sobre la marcha.
Para los habitantes de Santander y Caquetá, el cambio significa que las alcaldías y gobernaciones podrán gestionar apoyos con menos trabas administrativas. En la práctica, se traduce en mayor velocidad para reparar acueductos, restablecer servicios y entregar auxilios a familias damnificadas.
En el caso del Putumayo, el Gobierno no entregó en la información disponible los motivos puntuales para excluirlo. La salida del departamento del decreto no equivale a desconocer afectaciones, pero sí limita el acceso a las herramientas extraordinarias que acompañan la declaratoria.
Organismos de socorro y entidades territoriales mantienen la atención en las zonas donde persisten réplicas y daños estructurales. Las gobernaciones involucradas deberán ajustar sus planes de contingencia de acuerdo con la nueva cobertura del decreto.
Queda pendiente conocer los montos específicos que se reasignarán y el cronograma de ejecución de las obras prioritarias. El seguimiento a la modificación quedará en manos de los organismos de control y de la ciudadanía, que podrá verificar la llegada efectiva de la ayuda a los municipios incluidos.