El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó que viene trabajando en ajustes al Decreto 0851 de 2024, la norma que regula aspectos técnicos de las telecomunicaciones en el país. El objetivo, según la entidad, es agilizar la identificación y el bloqueo de comunicaciones empleadas para cometer delitos desde los centros de reclusión.
De acuerdo con el anuncio, los cambios apuntan específicamente a las llamadas y mensajes que se originan al interior de las cárceles colombianas y que son utilizados por personas privadas de la libertad para coordinar extorsiones, amenazas y otras actividades ilícitas fuera de los penales. La preocupación por el uso de teléfonos y dispositivos dentro de los centros de reclusión es un debate recurrente en Colombia.
El Decreto 0851 de 2024 fue expedido como parte del marco normativo que regula el sector de las telecomunicaciones en Colombia. Su modificación se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno para atacar el uso indebido de las redes y los servicios de comunicaciones en la comisión de delitos, un fenómeno que las autoridades han reconocido como una de las fuentes de inseguridad más difíciles de controlar.
La medida contempla ajustes en los protocolos que deben seguir los operadores de telecomunicaciones cuando detectan líneas o dispositivos empleados en actividades criminales desde los penales. La idea es que el bloqueo sea más rápido y que la coordinación entre el MinTIC, el Ministerio de Justicia, el INPEC y las empresas de teléfonos opere con menos fricción operativa.
Para los ciudadanos, el impacto directo se traduce en una reducción de las llamadas extorsivas y de las amenazas que llegan a hogares y negocios desde líneas no identificadas al interior de las cárceles. Organizaciones de víctimas y comerciantes han sido algunas de las voces que más han reclamado acciones concretas frente a este tipo de fraude telefónico.
El sector de las telecomunicaciones también quedará obligado a adaptar sus sistemas de monitoreo y reporte, lo que implica inversiones en tecnología y en personal capacitado para atender los nuevos requerimientos. Las empresas del ramo venían participando en mesas de trabajo con el Ministerio para definir los alcances técnicos de la actualización normativa.
Desde el Ministerio de Justicia y el INPEC, la modificación del decreto se complementa con los operativos de requisas y el decomiso de equipos móviles dentro de los penales, una tarea que se ha incrementado en los últimos años pero que sigue sin terminar con el problema. La articulación entre el control carcelario y el control de las redes se considera clave para que la medida tenga resultados.
Por ahora, el MinTIC no ha precisado la fecha exacta en la que se expedirá el decreto modificatorio ni el texto completo de los cambios. La expectativa es que los ajustes sean socializados con los operadores y la ciudadanía antes de su entrada en vigencia, y que el nuevo marco permita reducir la impunidad en delitos que se planifican y ejecutan desde las prisiones.
La discusión sobre la efectividad de este tipo de normas sigue abierta. Mientras el Gobierno defiende los ajustes como un paso necesario para cerrar el paso a las comunicaciones criminales, sectores vinculados a la vigilancia de los derechos digitales piden que el bloqueo no se convierta en una herramienta de censura y que los operadores cumplan con estándares claros de debido proceso.