El Gobierno Nacional encendió las alarmas sobre el funcionamiento de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad encargada de coordinar la implementación de los acuerdos de paz en las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado. Las preocupaciones se centran en la falta de pagos a contratistas y comunidades, así como en demoras acumuladas en la ejecución de proyectos prioritarios.
Las declaraciones fueron realizadas por José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), quien aseguró que cualquier indicio de irregularidad será remitido a las autoridades correspondientes. "La información será puesta en conocimiento de las instancias competentes", expresó Lafaurie al ser consultado sobre el tema.
La ART es la entidad del Estado responsable de articular los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en 170 municipios distribuidos en 16 subregiones del país. Su misión incluye ejecutar obras de infraestructura, proyectos productivos y planes de sustitución de cultivos, en territorios donde el Estado ha tenido históricamente menor presencia.
Los retrasos en la ejecución de proyectos y la acumulación de obligaciones pendientes de pago han generado malestar entre las comunidades campesinas y los operadores locales. En varias regiones, organizaciones sociales y líderes comunitarios han denunciado que obras prometidas dentro del marco de los PDET llevan meses, e incluso años, sin avanzar de manera significativa.
La alerta del Gobierno llega en un momento clave para la política de estabilización territorial. El cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades en las zonas priorizadas es uno de los indicadores más sensibles para medir los avances del proceso de paz en los territorios. Cualquier demora o mal manejo de recursos afecta directamente la confianza de la población en las instituciones.
Hasta el momento no se ha detallado públicamente la magnitud de los retrasos ni el monto exacto de los pagos adeudados. Tampoco se han precisado cuáles proyectos específicos presentan mayores niveles de incumplimiento ni qué funcionarios o contratistas estarían involucrados en las eventuales irregularidades.
El pronunciamiento de Lafaurie es relevante porque Fedegán ha participado en proyectos de desarrollo rural en zonas donde la ART tiene presencia, lo que le otorga un conocimiento directo de la situación en terreno. Su anuncio de remitir los hallazgos a las instancias competentes sugiere que el gremio recopiló documentación sobre presuntas inconsistencias.
Queda por conocer qué entidad asumirá la investigación. Los casos relacionados con manejo de recursos públicos en entidades del Estado suelen ser competencia de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía, dependiendo de la naturaleza de las presuntas irregularidades detectadas.
Por ahora, la comunidad espera respuestas concretas sobre el destino de los recursos comprometidos y sobre los plazos en los que se retomarán las obras paralizadas. El seguimiento ciudadano a estas investigaciones será determinante para esclarecer la situación y restablecer la confianza en los programas de renovación territorial.