El Gobierno nacional avanza en la redacción de un decreto dirigido a regular el derecho a la protesta en Colombia. Según informó Pulzo, la norma buscará diferenciar de manera explícita entre las manifestaciones pacíficas y los actos violentos que se registran durante algunas jornadas de movilización.
De acuerdo con la fuente, el decreto pretende priorizar los canales de diálogo entre las autoridades y los manifestantes como mecanismo principal para atender las demandas ciudadanas. La propuesta surge luego de años de debate sobre los límites del uso de la fuerza durante las jornadas de protesta en el país.
Uno de los puntos centrales del texto es la definición de criterios para la intervención de la Fuerza Pública. La intención del Ejecutivo es establecer reglas más claras que eviten la discrecionalidad y que reduzcan el riesgo de hechos que comprometan los derechos de los asistentes a las marchas.
La protesta social ha sido uno de los temas sensibles de la historia reciente de Colombia. Episodios como los registrados en 2019 y 2021 dejaron cuestionamientos sobre el uso de la escopeta calibre 12, las lesiones oculares y las muertes de civiles durante los operativos. Cualquier reforma en este terreno despierta atención tanto de organizaciones de derechos humanos como de los cuerpos de seguridad.
Para los organizadores de las marchas, la clave estará en si el decreto protege de manera efectiva a quienes se movilizan dentro de la legalidad. Para las Fuerzas Militares y de Policía, el reto consiste en mantener el orden público sin que sus procedimientos terminen siendo judicializados. La norma intenta equilibrar ambos extremos.
El texto también abordaría protocolos de atención cuando una manifestación se torna violenta. En esos casos, el decreto contemplaría que la respuesta estatal sea gradual, proporcional y verificable, con el fin de evitar desbordamientos que luego sean difíciles de sancionar o reparar.
Pulzo no detalla en su reporte la fecha exacta en la que el decreto sería expedido ni si será sometido a revisión previa del Congreso. Tampoco precisa si la norma reemplazará o complementará los marcos vigentes, como los protocolos ya conocidos de actuación policial.
La discusión llega en un momento de alta sensibilidad social, con sectores que piden garantías para la movilización y otros que reclaman mayor firmeza contra el vandalismo. El éxito del decreto dependerá de cómo se traduzca en procedimientos operativos para la Fuerza Pública y en garantías reales para el ciudadano que decide salir a marchar.
Queda pendiente conocer el articulado completo, las entidades que participarán en su implementación y los mecanismos de seguimiento. También falta saber si habrá instancias civiles de veeduría que acompañen cada jornada de protesta, un punto que ha sido reclamado insistentemente por la sociedad civil en los últimos años.