El Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto de ley de sometimiento dirigido a organizaciones criminales. Según el ministro Iván Cancino, el modelo será diseñado por el Estado y no concederá espacios para que esas estructuras negocien beneficios, según informó La Razón.
El anuncio anticipa un marco legal que busca diferenciar con claridad a las organizaciones criminales de otros actores del conflicto. Cancino señaló que el proyecto establecerá las condiciones desde el poder público, lo que implica un esquema unilateral en el que el Gobierno define los términos de la entrega, la judicialización y la reintegración.
La iniciativa se conoce como ley de sometimiento y se inscribe en la tradición de figuras jurídicas usadas en Colombia para que integrantes de grupos armados abandonen la ilegalidad a cambio de sanciones reducidas, cooperación con la justicia y reparación a las víctimas. La diferencia, según el ministro, es que esta vez no habrá cabida para negociaciones que otorguen ventajas indebidas a las estructuras criminales.
La exclusión del reconocimiento político es uno de los ejes del proyecto. Cancino explicó que no se abrirá espacio para que las organizaciones criminales obtengan beneficios, lo que marca distancia respecto a experiencias previas en las que ciertos grupos recibieron tratamiento político dentro de los procesos de paz.
Para la ciudadanía, el alcance del proyecto se traduce en el tipo de justicia que enfrentarán los integrantes de bandas y estructuras armadas ilegales. Un esquema sin beneficios negociados implica que las sanciones dependerán de la colaboración efectiva con las autoridades, la verdad que aporten y la reparación a las víctimas, más que de concesiones políticas.
En materia institucional, el Ministerio de Justicia será el encargado de estructurar la propuesta y llevarla al Congreso. Aún no se conocen públicamente los detalles del articulado, los plazos de presentación ni los grupos específicos a los que aplicaría la norma.
La Razón recogió las declaraciones del ministro como anticipo de la iniciativa. El Gobierno todavía no ha detallado los mecanismos de verificación, los beneficios judiciales concretos ni la manera en que se articulará con la Jurisdicción Ordinaria y con los sistemas de protección a testigos.
Lo que sigue es la presentación formal del proyecto ante el Legislativo y su trámite en comisiones. En ese escenario se definirán los alcances finales de la ley, incluyendo los delitos cubiertos, los tipos de colaboración admitidos y los montos de reparación exigibles a las estructuras que se sometan.
Por ahora, el mensaje central del Ejecutivo es que el sometimiento será una decisión del Estado, no una mesa de negociación con las organizaciones criminales. Esa es la línea con la que el Ministerio de Justicia buscará respaldo en el Congreso y ante la opinión pública.