El Gobierno Nacional trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para prohibir la explotación de yacimientos no convencionales mediante la técnica del fracking en Colombia. Según informó Vanguardia, la iniciativa será presentada formalmente el 20 de julio, en la jornada de instalación del nuevo Congreso de la República.
El anuncio se da en un contexto de debate nacional sobre el futuro energético del país. La técnica de fracturamiento hidráulico ha generado divisiones entre sectores ambientales, comunidades de zonas de explotación y la industria de hidrocarburos, por sus efectos sobre el suelo y las fuentes de agua.
La protección del recurso hídrico es uno de los ejes centrales del proyecto, de acuerdo con la información publicada por Vanguardia. Colombia depende en buena medida de sus fuentes de agua para el consumo humano, la agricultura y la generación hidroeléctrica, lo que convierte la cuestión en un tema sensible para la población.
En los últimos años, el tema del fracking ha atravesado distintos escenarios judiciales y legislativos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han emitido pronunciamientos sobre los límites y condiciones de esta práctica, mientras que en varias regiones del país se han organizado voces a favor y en contra de su desarrollo.
El fracking se asocia con la extracción de gas y petróleo atrapados en formaciones de roca de baja permeabilidad, mediante la inyección de agua, arena y compuestos químicos a alta presión. Organizaciones ambientales han señalado riesgos de contaminación de acuíferos y afectación a comunidades cercanas a las zonas de operación.
Si el proyecto se radica el 20 de julio, su trámite legislativo empezará ante las comisiones económicas del Congreso. El texto deberá surtir debates en comisiones y plenarias de Senado y Cámara antes de convertirse en ley, en caso de avanzar en el trámite.
La presentación de la iniciativa coincide con el arranque de una nueva legislatura, lo que le da al Gobierno un escenario político de visibilidad. El contenido específico del articulado no fue detallado en el extracto de Vanguardia, por lo que los alcances precisos de la prohibición se conocerán cuando se publique el texto.
La decisión afecta de manera directa a las regiones donde se han adelantado pilotos de investigación en fracking, así como a las comunidades organizadas en torno a la defensa del agua. También impacta a las empresas del sector de hidrocarburos, que han invertido recursos en exploración de yacimientos no convencionales.
Queda por verse cuál será la reacción del Congreso y de los distintos actores del sector energético frente al texto que se radicará. El Gobierno confía en que la prohibición se sustentará en argumentos técnicos y ambientales, mientras que los sectores industriales y algunos gremios preparan sus posiciones para el debate que se avecina.