El Gobierno Nacional viene trabajando en un decreto orientado a regular la protesta social, según informó La FM. La iniciativa contempla la prohibición de los bloqueos permanentes en las vías del país y en el sistema de transporte masivo TransMilenio, en Bogotá, así como la fijación de reglas para los mecanismos de diálogo entre manifestantes y autoridades.
La propuesta surge en un contexto de repetidas jornadas de paro y bloqueos que han afectado la movilidad en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Estos episodios han derivado en pérdidas económicas para el comercio, dificultades de acceso a servicios de salud y restricciones para millones de usuarios del transporte público. La experiencia de las jornadas nacionales de protesta de los últimos años, con sus puntos de bloqueo en entradas y salidas de las principales capitales, ha marcado la agenda del Ejecutivo sobre el tema.
El decreto apunta a diferenciar entre el ejercicio legítimo del derecho a la reunión y manifestación, reconocido por la Constitución y por tratados internacionales, y las prácticas que afectan de manera sostenida a terceros. Por eso, el texto incluiría reglas sobre los puntos habilitados para las concentraciones, los tiempos máximos y la obligación de mantener corredores de circulación para ambulancias, vehículos de carga y rutas escolares.
En materia de diálogo, la iniciativa busca crear instancias formales de interlocución antes, durante y después de las jornadas de protesta. El mecanismo pretende que las peticiones ciudadanas lleguen a mesas técnicas con presencia de ministerios, alcaldías y Defensoría del Pueblo, en lugar de resolverse únicamente en la calle.
Sectores defensores de derechos humanos han expresado, en otros episodios similares, su preocupación de que las restricciones terminen por criminalizar la protesta pacífica. También hay voces gremiales, encabezadas por transportadores y comerciantes, que piden controles más firmes contra los bloqueos que paralizan la actividad productiva. La discusión vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre dos derechos reconocidos: el de expresarse colectivamente y el de circular libremente por el territorio.
El texto del decreto, una vez expedido, será revisado por la Corte Constitucional, en la medida en que regula un derecho fundamental. Mientras tanto, organizaciones sociales y estudiantes han anunciado que seguirán convocando marchas y que evaluarán el alcance de las nuevas reglas antes de cualquier jornada de paro. La expectativa es que la medida empiece a regir en las próximas semanas, según los plazos que defina el Ministerio del Interior.