El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, viajó hasta Pereira para anunciar una decisión que toca de frente al sector constructor. Se trata de un decreto que permitiría extender por doce meses las licencias de construcción que quedaron afectadas tras el terremoto que sacudió varias zonas del país.
La prórroga aplicaría a los proyectos que estaban en marcha y a aquellos cuya licencia estaba próxima a vencerse. En la práctica, significa que los constructores y los propietarios no perderán la vigencia de los permisos mientras se evalúan los daños y se restablecen las condiciones en las zonas impactadas.
Beltrán eligió Pereira como escenario del anuncio porque la ciudad y el eje cafetero han sido de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. Allí se reunió con representantes del gremio constructor, que viene reclamando medidas urgentes para reactivar la actividad y para reconstruir las edificaciones dañadas.
El sector edificador es uno de los motores de la economía regional en Risaralda y en los departamentos vecinos. La suspensión de obras por causa del sismo venía sumando pérdidas y dejando a cientos de trabajadores sin ingreso. Con la extensión de las licencias, el Ministerio busca ordenar la continuidad de los proyectos y darle oxígeno a una cadena productiva que emplea mano de obra local.
Para los ciudadanos de a pie, la medida tiene efectos directos. Quienes adelantaban trámites de reconstrucción o de nueva vivienda podrán culminar sus procesos sin empezar de cero. Quienes habían adquirido inmuebles sobre planos también ganan tiempo, porque las constructoras no tendrán que renunciar a los permisos logrados antes de la emergencia.
La figura de la prórroga de licencias ya se ha usado en Colombia en otras catástrofes naturales, como una herramienta para no castigar doblemente a quienes cumplían la ley antes del desastre. Extender la vigencia es una forma de reconocer que el terremoto, y no la voluntad del constructor, fue lo que frenó las obras.
Desde el Ministerio de Vivienda se insiste en que el decreto se expedirá en los próximos días, una vez se surtan los ajustes jurídicos. Mientras tanto, las curadurías urbanas y las alcaldías de los municipios afectados deberán estar atentos a la expedición del acto administrativo para orientar a los usuarios sobre los nuevos plazos.
Quedan pendientes varios puntos. Falta conocer el texto exacto del decreto, el listado de municipios cubiertos y los requisitos que deberán cumplir los constructores para acogerse a la prórroga. También queda por definirse cómo se articulará esta medida con los programas de reconstrucción y con los apoyos que ya se entregan a las familias damnificadas.