El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno nacional trabaja en un proyecto de “estatuto antiterrorista” que busca establecer una lista de organizaciones consideradas terroristas y definir herramientas especiales para enfrentar sus actividades, según reportó el Diario del Norte. La iniciativa se inscribe en la estrategia del presidente Abelardo de la Espriella para combatir a los grupos armados que operan en el país.
De acuerdo con lo anunciado, el estatuto contemplaría la creación de un registro oficial de organizaciones catalogadas como terroristas, lo que permitiría focalizar acciones del Estado contra esas estructuras. El ministro no entregó detalles sobre los plazos de radicación del proyecto ante el Congreso ni sobre los mecanismos específicos que se incluirán en el texto.
En Colombia ya existe un marco legal para la lucha antiterrorista, encabezado por la Ley 599 de 2000, que tipifica los delitos de terrorismo y financiamento del terrorismo en el Código Penal. También hay antecedentes más recientes como la Ley 2273 de 2022, conocida como ley de inteligencia artificial, y los decretos de la emergencia económica en La Guajira y el Catatumbo, que han sido empleados para atender crisis de seguridad con herramientas extraordinarias.
La figura de un listado oficial de organizaciones terroristas se asemeja a prácticas internacionales como las listas de la Unión Europea o la del Departamento de Estado de Estados Unidos, que designan formalmente a ciertos grupos y acarrean consecuencias jurídicas y financieras. Sin embargo, en Colombia la pertenencia o colaboración con grupos armados ya está penalizada por la legislación vigente, por lo que el proyecto apunta a reforzar y especializar el andamiaje existente.
Para la ciudadanía, el impacto inmediato de un estatuto de este tipo se reflejaría en el marco normativo que regula el uso de la fuerza pública, los controles sobre el porte de armas y explosivos, y la tipificación penal de conductas como la intimidación a la población civil o el ataque contra infraestructura. También podría modificar los procedimientos de captura, judicialización y decomiso de bienes vinculados a organizaciones designadas.
La decisión llega en un contexto de presión por la persistencia de grupos como el ELN, las disidencias de las antiguas FARC y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. El Gobierno ha señalado que requiere herramientas adicionales para responder a la fragmentación de esos grupos y a su expansión en regiones apartadas donde la presencia estatal es limitada.
Según la fuente, el proyecto contempla “medidas especiales” para enfrentar a esas organizaciones, aunque no se detallaron cuáles serían. En debates similares en otros países, esas medidas suelen incluir interceptación de comunicaciones, restricciones financieras, controles migratorios y figuras de colaboración eficaz, sujetas a controles judiciales. En Colombia, la Corte Constitucional ha fijado límites al uso de esas herramientas, por lo que el texto tendría que sortear un examen de constitucionalidad si finalmente se aprueba.
El anuncio abre varios interrogantes sobre el trámite legislativo. Falta por conocer si el proyecto llegará al Congreso por mensaje de urgencia, si será debatido en sesiones extraordinarias y si incluirá facultades extraordinarias para el Ejecutivo. También está pendiente el contenido exacto del listado de organizaciones y los criterios técnicos y jurídicos que se usarán para incluir o excluir a un grupo del catálogo.
Por ahora, la ciudadanía y los analistas del sector seguridad esperan conocer el articulado completo. Las reacciones en el Congreso y en los sectores defensores de derechos humanos serán determinantes para el futuro del estatuto, dado que el equilibrio entre la protección de la población y el respeto a las garantías civiles suele ser uno de los puntos más sensibles de este tipo de iniciativas.