El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno prepara un proyecto de acto legislativo con el que pretende modificar las restricciones legales que hoy impiden a los congresistas presentar directamente iniciativas de inversión regional. El anuncio fue recogido por El Universal y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol del Legislativo en la ejecución de recursos públicos en los territorios.
En la normativa colombiana vigente, los miembros del Congreso no pueden ser autores de proyectos que impliquen gasto público o asignación presupuestal directa. Esa limitación, prevista en la Ley 5 de 1992 y en la Constitución, busca preservar la separación entre quienes aprueban el presupuesto y quienes lo ejecutan. La reforma anunciada apunta a flexibilizar ese principio para los llamados proyectos de inversión regional, una categoría que durante años ha estado reservada a ministerios, entidades descentralizadas y alcaldías.
De acuerdo con el extracto publicado por El Universal, la iniciativa se presentaría como acto legislativo, lo que implica que requeriría ocho debates en el Congreso para convertirse en reforma constitucional. Ese trámite convierte la propuesta en un proceso de largo aliento, sujeto a negociaciones entre las bancadas y al criterio de la Comisión Primera de Cámara y Senado, donde históricamente se discuten los cambios al régimen político.
El contexto inmediato del anuncio es la discusión sobre cómo fortalecer la presencia del Estado en regiones con obras inconclusas o con déficit de infraestructura. En los últimos años, el Congreso ha insistido en la necesidad de que los legisladores tengan mayor injerencia en la destinación de recursos para sus circunscripciones, una demanda que se reitera cada vez que se reabre el debate sobre el Sistema General de Regalías o sobre los presupuestos territoriales.
En la práctica, si la reforma avanza, los congresistas podrían radicar proyectos orientados a financiar vías terciarias, acueductos, centros de salud o proyectos productivos en los municipios. Sectores críticos han señalado en el pasado que abrir esa puerta puede generar riesgos de clientelismo y dispersión del gasto. El Gobierno, según el reporte de El Universal, plantea la modificación como una herramienta para acercar la inversión pública a las necesidades de cada territorio.
La propuesta también llega en un momento de ajustes al Presupuesto General de la Nación. El Ministerio de Hacienda suele recordar que cualquier iniciativa que comprometa recursos debe acompañarse de una fuente de financiamiento clara, un requisito que también aplicaría a los proyectos radicados por los propios congresistas en caso de aprobarse la reforma.
Por ahora, el proyecto se encuentra en fase de construcción. El Ministerio del Interior no ha revelado el texto articulado ni el momento exacto de su radicación. El siguiente paso será la presentación formal ante el Congreso, donde se medirá el respaldo político de las bancadas y la reacción de los organismos de control, tradicionalmente vigilantes del manejo de los recursos públicos.