El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció un paquete de medidas para reforzar la seguridad de los alcaldes del sur de Bolívar. Según declaró, ninguno de los mandatarios de esa zona del país contaba con un vehículo blindado asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El anuncio se produjo en el marco de la crisis de orden público que atraviesa esa subregión de Colombia, donde mandatarios locales han sido blanco de amenazas y atentados en los últimos años. La situación ha obligado a varios alcaldes a restringir su movilidad y a trabajar bajo esquemas de protección informal.
Dentro de las medidas anunciadas por el jefe de la cartera política figuran la instalación de sistemas antidrones, la puesta en marcha de cámaras de vigilancia y la construcción de nuevas estaciones de Policía. Estas acciones buscan, según el Ministerio, cerrar el déficit de protección que existía hasta ahora en los municipios de esa zona.
La Unidad Nacional de Protección es la entidad del Estado colombiano encargada de asignar escoltas, vehículos y demás medidas de seguridad a personas en riesgo por razones políticas, sociales o de conflicto armado. Su cobertura depende del nivel de riesgo evaluado para cada beneficiario.
La situación en el sur de Bolívar ha estado marcada por la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial y economías ilícitas como la minería y el narcotráfico. Varios mandatarios de la región han denunciado intimidaciones que afectan el libre ejercicio de sus funciones.
Además de los esquemas individuales, el Gobierno apuesta por fortalecer la infraestructura de seguridad con presencia física de la Fuerza Pública. Las nuevas estaciones de Policía buscan mejorar los tiempos de reacción y ampliar la cobertura en zonas donde la presencia del Estado ha sido históricamente limitada.
El anuncio llega en un momento de creciente presión sobre el Ejecutivo para que responda con hechos a la violencia dirigida contra líderes locales. Organizaciones sociales y gremiales han pedido que las medidas se traduzcan en resultados concretos y no se queden en compromisos coyunturales.
Queda pendiente conocer los plazos de ejecución del plan, el presupuesto asignado y los municipios específicos que serán priorizados con la instalación de los sistemas antidrones y las cámaras. El Ministerio del Interior no ha entregado por ahora un cronograma detallado de implementación.
La situación de los alcaldes del sur de Bolívar se suma a la de otros mandatarios del Magdalena Medio y del Catatumbo que han reportado amenazas durante el último año. La protección de los líderes locales es uno de los indicadores que sigue de cerca la comunidad internacional para medir la situación de derechos humanos en Colombia.