El Gobierno nacional informó que revocará el decreto que regula los mercados de carbono en Colombia, según reportó el Diario digital DiariOriente, medio hecho desde el Oriente Antioqueño. El anuncio implica que la normativa vigente sobre estos instrumentos queda sin efecto y deberá ser sustituida por un nuevo texto.
Los mercados de carbono son mecanismos mediante los cuales empresas, organizaciones y entidades públicas pueden compensar emisiones de gases de efecto invernadero mediante la compra y venta de créditos ambientales. En Colombia, estos mercados se han utilizado como herramienta dentro de la política de cambio climático y como fuente de financiamiento para proyectos de conservación forestal y reducción de emisiones.
El decreto objeto de la revocatoria hacía parte del conjunto de normas expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para dar operatividad a la estrategia climática del país. Hasta ahora, distintos sectores productivos, incluidas empresas con compromisos internacionales de carbono neutralidad, habían ajustado sus operaciones al marco regulatorio existente.
La decisión del Gobierno de retirar la norma abre un compás de espera para los actores que participan en estos mercados, entre ellos desarrolladores de proyectos, empresas compradoras de créditos, entidades certificadoras y comunidades donde se ejecutan iniciativas de conservación. La incertidumbre regulatoria suele afectar la planificación de inversiones de largo plazo en este tipo de proyectos.
Según el reporte de DiariOriente, la revocatoria fue comunicada como una decisión del Gobierno nacional, sin que en la nota se detallen las razones específicas ni los plazos para expedir la nueva regulación. Tampoco se precisa si la revocatoria se hará efectiva de inmediato o de manera gradual.
En las semanas recientes, distintos actores del sector ambiental y empresarial habían expresado observaciones sobre el funcionamiento del esquema actual de mercados de carbono, señalando aspectos relacionados con la transparencia, la verificación de los créditos y la trazabilidad de los recursos. El Gobierno no se pronunció públicamente, según la nota, sobre cada uno de esos puntos antes del anuncio.
Para las comunidades y organizaciones que dependen de proyectos de reducción de emisiones como fuente de ingresos, la revocatoria plantea un escenario de transición. Mientras se define la nueva norma, los proyectos en curso quedan en un limbo jurídico que puede afectar contratos, compromisos de venta de créditos y fuentes de empleo local asociadas.
Desde el sector productivo, gremios y empresas que han adquirido créditos de carbono esperan señales claras sobre la continuidad de los compromisos ya asumidos y sobre la metodología que aplicará el nuevo marco. La certidumbre regulatoria es, según han señalado analistas del sector, uno de los factores determinantes para atraer inversión privada hacia proyectos ambientales en el país.
La revocatoria deja abiertas varias preguntas: cuál será el contenido del nuevo decreto, en qué plazo se expedirá y si se reconocerán los derechos y obligaciones ya adquiridos bajo la norma anterior. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sería la entidad encargada de estructurar y socializar la nueva propuesta regulatoria con los distintos actores involucrados.
En el plano internacional, Colombia es parte de los acuerdos derivados del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y cuenta con compromisos de reducción de emisiones asumidos ante la comunidad internacional. Cualquier cambio en los instrumentos de mercado debe mantenerse alineado con esos compromisos, según han reiterado distintas voces del sector ambiental.