El Gobierno nacional, a través del voceo presidencial Miller Soto, confirmó que emprenderá acciones judiciales contra Luis Alfredo Acosta, exministro de Igualdad en la administración de Gustavo Petro. La razón, según el reporte de Infobae, es que Acosta no habría entregado las llaves de bodegas que, de acuerdo con la denuncia, guardarían cerca de $16.800 millones en materiales y bienes públicos.
El Ministerio de Igualdad fue creado en 2023 durante el gobierno de Petro como una apuesta para cerrar las brechas históricas que afectan a poblaciones vulnerables en Colombia. Tras las elecciones de 2025 y la llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño, esa cartera entró en proceso de liquidación o transición, como ocurrió con varios ministerios cuya continuidad quedó en revisión una vez cambió la administración.
Miller Soto aseguró que la transición de la cartera contempla, además del componente judicial, una reestructuración interna que incluye la eliminación de 40 cargos directivos. El propósito declarado es reducir el tamaño de la estructura administrativa y asegurar que los bienes y recursos públicos queden bajo custodia verificable mientras se define el futuro de la entidad.
El monto mencionado, casi $16.800 millones, representa el valor estimado del inventario que permanecía en las bodegas y que, según el Gobierno, no fue entregado formalmente al equipo de transición. Esa falta de entrega es el argumento central para anunciar acciones legales, en una decisión que se oficializaría en los próximos días ante las autoridades competentes.
La situación abre varios interrogantes sobre los protocolos de empalme entre gobiernos y sobre la figura legal que se invocará. En Colombia, la Ley 951 de 2005 establece el deber de los servidores públicos de rendir informe de gestión al término de su vínculo con el Estado, y la no entrega de bienes puede derivar en investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.
Para los ciudadanos, el caso tiene dos lecturas concretas. Primero, una preocupación patrimonial: que recursos públicos cuantiosos no queden en el limbo institucional. Segundo, una preocupación por el precedente: que la transición política entre gobiernos se maneje con reglas claras y trazabilidad sobre los bienes, sin importar el color del partido que salga o que llegue.
Por ahora, la administración de Abelardo de la Espriella no ha entregado un inventario detallado de lo encontrado en las bodegas del Ministerio de Igualdad ni un cronograma público para la liquidación. El anuncio de acciones judiciales marca el primer paso formal del nuevo gobierno en este expediente, mientras se esperan decisiones sobre los próximos exfuncionarios que podrían quedar en similar situación.
El sector de la igualdad y la inclusión queda, mientras tanto, en un limbo operativo. Organizaciones sociales y beneficiarios de programas han pedido claridad sobre la continuidad de las transferencias, los contratos en ejecución y la atención a comunidades que dependían de esa oferta institucional durante el gobierno anterior.