El Gobierno nacional, a través de los ministerios de Minas y Ambiente, anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley que pretende prohibir el fracking en Colombia, según informó Revista Semana. La fecha coincide con la instalación de la nueva legislatura, lo que marca el inicio formal del trámite legislativo.
El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales que consiste en inyectar mezclas de agua, arena y químicos a alta presión en formaciones rocosas para liberar gas y petróleo atrapados. En Colombia, su uso ha sido objeto de una discusión que involucra a comunidades, autoridades ambientales, inversionistas y organizaciones de la sociedad civil.
La decisión de tramitar una prohibición por vía legal representa un giro en la política de explotación de recursos no convencionales. El país cuenta con estudios y pilotos adelantados en años anteriores, y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han emitido pronunciamientos sobre los requisitos ambientales y de consulta previa que este tipo de proyectos exige.
Desde el Ministerio de Minas se ha planteado la necesidad de avanzar hacia una transición energética que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles. En paralelo, el Ministerio de Ambiente ha subrayado los riesgos asociados a la contaminación de fuentes hídricas y la afectación de ecosistemas, argumentos que han sido recogidos por sectores que piden suspender la actividad.
El proyecto de ley no solo prohibiría la técnica, sino que también tendría implicaciones para los contratos vigentes y futuros en materia de exploración de yacimientos no convencionales. Sectores productivos han expresado preocupación por el efecto en la inversión, la seguridad energética y las finanzas regionales, especialmente en zonas donde se adelantaron pilotos.
La radicación ante el nuevo Congreso abre un debate que involucrará a las comisiones Quinta de Cámara y Senado, encargadas de temas de minería, energía y medio ambiente. El trámite legislativo incluirá ponencias, debates y votación en ambas corporaciones, un proceso que puede extenderse por varias legislaturas.
Organizaciones ambientalistas han celebrado la iniciativa como un paso en la protección de los recursos naturales y en el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por Colombia. Al mismo tiempo, gremios del sector energético han pedido que la discusión considere el impacto económico y laboral, así como las alternativas de reconversión para los territorios vinculados.
La fecha del 20 de julio adquiere un valor simbólico: se trata de la instalación de la nueva legislatura, lo que le da al proyecto un escenario de alta visibilidad política. Queda por conocer el texto definitivo del articulado, su alcance sobre contratos firmados y los plazos de transición que se planteen para los proyectos en curso.
En las próximas semanas se espera que el Gobierno detalle el contenido de la propuesta, incluyendo los mecanismos de seguimiento, las sanciones previstas y el cronograma de implementación. Mientras tanto, el debate público sobre el futuro del fracking seguirá marcando la agenda ambiental y energética del país.