Según informó 360 Radio, el Gobierno Nacional aprobó una política pública de infraestructura aeroportuaria que movilizará $6,54 billones hasta 2035. La medida fue adoptada el 31 de julio de 2026 y contempla intervenciones en 25 aeropuertos distribuidos en 16 departamentos colombianos.
El propósito declarado de la política es transformar la red de terminales aéreas del país y mejorar la conexión entre regiones. En Colombia, la infraestructura aeroportuaria depende en buena parte de la Aeronáutica Civil y de operadores como Aeropuertos de Antioquia, entre otros, y durante años ha registrado rezagos en pistas, terminales de pasajeros y equipos de navegación.
La inversión aprobada incluye recursos para obras civiles, modernización de terminales y, según el tipo de aeropuerto, mejoras en equipos de navegación y sistemas de seguridad operacional. La distribución por departamento se conocerá a medida que el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil publiquen los anexos técnicos y el cronograma de cada proyecto.
Para los departamentos con terminales más pequeños, la intervención puede representar un cambio en su acceso al transporte aéreo, que hoy depende en gran medida de vuelos regionales con frecuencias limitadas. En zonas turísticas como San Andrés, Providencia, Leticia y el Eje Cafetero, las obras pueden afectar tanto el flujo de visitantes como la economía local.
Para los usuarios, la modernización suele traducirse en terminales más amplias, salas de espera adecuadas, equipos de inspección modernos y pistas en mejores condiciones, lo que reduce demoras y cancelaciones por mal estado de la infraestructura. También puede impactar la puntualidad y la oferta de rutas si los operadores aéreos deciden ampliar frecuencias.
El sector empresarial y los gremios del transporte aéreo han pedido en reiteradas ocasiones un plan de largo plazo para los aeropuertos secundarios. Una política con vigencia hasta 2035 ofrece un horizonte de planeación que los inversionistas pueden usar para proyectar nuevas rutas y servicios asociados, como carga aérea y mantenimiento de aeronaves.
La decisión llega en un contexto donde la conectividad aérea cumple un papel clave para la integración de zonas apartadas. Departamentos como Amazonas, Guainía, Vaupés y Chocó dependen en buena medida de la avioneta y del vuelo comercial para el transporte de personas, insumos y alimentos.
Quedan pendientes varios pasos. El Ministerio de Transporte deberá expedir los lineamientos técnicos y el cronograma de ejecución, mientras que la Aeronáutica Civil y los operadores aeroportuarios tendrán que abrir procesos de contratación y socialización con las comunidades y las autoridades locales en cada terminal intervenido.
El seguimiento a los recursos y al avance de obras estará a cargo de los organismos de control, como la Contraloría General de la República, y de la ciudadanía, que podrá consultar los reportes periódicos que el Gobierno publique sobre el estado de cada uno de los 25 aeropuertos incluidos en la política.
En resumen, la aprobación de esta política pública marca el inicio de un plan de modernización aérea a nueve años vista. El reto ahora es ejecutar las obras dentro de los plazos, garantizar transparencia en la contratación y asegurar que las mejoras lleguen a los pasajeros de las regiones con mayor rezago en conectividad.