De acuerdo con Infobae, la decisión quedó oficializada mediante un decreto firmado por el Ministerio de Defensa. El acto administrativo asciende a un oficial del Ejército que se desempeñó como edecán del expresidente Gustavo Petro durante su mandato.
El uniformado es investigado por un presunto acoso sexual y fue llamado a juicio por la Procuraduría General de la Nación. El proceso disciplinario se originó en hechos denunciados por una oficial del Ejército en Bucaramanga, ciudad donde ocurrieron los hechos que dieron lugar a la investigación.
La figura del edecán corresponde a oficiales del Ejército asignados a la Casa de Nariño para acompañar al presidente en actividades protocolarias y de seguridad cercana. Su paso por esa función suele quedar registrado en la hoja de vida militar y es tenido en cuenta en los procesos de ascenso dentro de la Fuerza Pública.
En Colombia, los ascensos militares de oficiales generales y superiores requieren el cumplimiento de requisitos legales, entre ellos no estar vinculado a investigaciones disciplinarias o penales activas. La Procuraduría y la Justicia Penal Militar o la justicia ordinaria pueden intervenir cuando existen denuncias formales, como ocurre en este caso.
El llamado a juicio por parte de la Procuraduría implica que el ente de control consideró que existen méritos suficientes para llevar al oficial a un escenario disciplinario formal. Esa decisión es independiente del proceso penal que pueda adelantarse por la misma conducta, ya que una misma acción puede generar consecuencias en distintas jurisdicciones.
La denuncia presentada por una oficial del Ejército en Bucaramanga abrió una línea de investigación que, según Infobae, sigue abierta. El Ministerio de Defensa, al firmar el decreto de ascenso, actuó en el marco de sus competencias, aunque la existencia de procesos disciplinarios activos suele generar debate sobre la oportunidad del ascenso.
El episodio se conoce en un contexto de creciente atención institucional sobre las denuncias de acoso y abuso sexual dentro de las Fuerzas Militares colombianas. Distintas dependencias del Estado han impulsado protocolos para recibir quejas, investigar y sancionar este tipo de conductas, en respuesta a reclamos de organizaciones de derechos humanos y de mujeres uniformadas.
En lo que sigue, la Procuraduría deberá avanzar en el juicio disciplinario contra el oficial, mientras la justicia competente resuelve el proceso penal por los hechos denunciados. El decreto de ascenso ya fue firmado y, salvo una decisión judicial o disciplinaria posterior que lo modifique, el oficial permanece en el grado otorgado por el Ministerio de Defensa.
La oposición y organizaciones de control ciudadano han señalado en casos anteriores que los ascensos de oficiales investigados pueden comprometer la confianza en la Fuerza Pública. El Gobierno, por su parte, sostiene que las decisiones administrativas se adoptan conforme a la ley y al debido proceso. Por ahora, la situación del exedecán de Petro queda sujeta a lo que resuelvan las instancias disciplinarias y judiciales.