El Gobierno colombiano habilitó, mediante un decreto, el uso de recursos del Sistema General de Regalías para financiar proyectos de inversión en los territorios damnificados por el reciente terremoto. La decisión fue adoptada como respuesta a la emergencia y aparece publicada por EL HERALDO, fuente citada para esta nota.
La norma suspende hasta el 31 de diciembre de 2026 la priorización de proyectos a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de un miembro de la entidad territorial designado por el OCAD Regional. Con esa suspensión se modifica de manera transitoria uno de los filtros centrales del andamiaje institucional de las regalías, pensado para ordenar las iniciativas de inversión pública regional.
El Sistema General de Regalías administra los ingresos que la Nación y los territorios reciben por la explotación de recursos naturales no renovables. En condiciones normales, los proyectos que buscan ser financiados con esos recursos deben pasar por etapas de formulación, viabilidad y priorización, en las que intervienen entidades nacionales y los órganos colegiados de administración y decisión, conocidos como OCAD, en sus instancias municipal, departamental y regional.
La suspensión de esas reglas abre la puerta a que los territorios afectados tramiten y ejecuten proyectos sin aguardar los procedimientos ordinarios de priorización. En la práctica, las gobernaciones y alcaldías de las zonas damnificadas podrían orientar regalías hacia obras de reconstrucción, atención social o reactivación económica con mayor rapidez, siempre dentro del marco del decreto.
La medida tiene implicaciones directas para la ciudadanía de los municipios golpeados por el sismo, donde la infraestructura, las viviendas y los servicios públicos suelen quedar comprometidos. Acceder a fuentes de financiamiento distintas al presupuesto ordinario de los municipios permite a las administraciones locales responder con obras específicas, aunque también exige mecanismos de transparencia y seguimiento para evitar usos distintos a la atención de la emergencia.
El decreto introduce un cambio de calendario en los procesos del DNP y del OCAD Regional, lo que desplaza la toma de decisiones sobre inversión hacia las entidades territoriales. Esa reorganización puede reordenar prioridades dentro de los planes de desarrollo locales durante el período de excepción, con efectos que se extenderán hasta finales de 2026 según lo previsto en la norma.
Quedan pendientes aspectos clave para los territorios, entre ellos la definición de los proyectos elegibles, los plazos de ejecución y los criterios de seguimiento. El decreto fija el marco temporal hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que establece un horizonte claro para que las autoridades locales y nacionales coordinen la reconstrucción en el marco de la emergencia declarada por el terremoto, según lo consignado por EL HERALDO.