El Gobierno nacional anunció que solicitará al Congreso de la República un presupuesto adicional de $1,2 billones destinado a atender los problemas de liquidez que atraviesa el sector eléctrico colombiano. El objetivo declarado es garantizar el abastecimiento de energía mientras persistan los efectos del fenómeno de El Niño, según informó la fuente.
La iniciativa será presentada ante el Legislativo con mensaje de urgencia, una figura contemplada en la Constitución para tramitar proyectos con prioridad y en plazos más cortos. De acuerdo con el extracto, el anuncio se produjo durante la intervención del Ejecutivo en un debate de control político de la Comisión Quinta del Senado, comisión encargada de temas agrícolas, ambientales y de servicios públicos.
El sector eléctrico colombiano ha enfrentado en los últimos años tensiones financieras derivadas de varios factores, entre ellos los esquemas de tarifas aplicadas a usuarios finales, los costos de generación y la exposición a eventos climáticos extremos. El fenómeno de El Niño, que reduce los niveles de los embalses y aumenta la demanda por temperaturas más altas, suele agravar estas presiones sobre las empresas prestadoras del servicio.
De prosperar la solicitud, los recursos adicionales buscarían inyectar liquidez a agentes del mercado eléctrico que han reportado restricciones para cumplir con sus compromisos financieros. La fuente no detalla el mecanismo específico de asignación ni las empresas beneficiarias, por lo que estos aspectos quedan pendientes de definirse en el trámite legislativo.
La medida llega en un momento en que el país enfrenta alertas por la disminución de los niveles de los embalses en varias regiones, situación que las autoridades han vinculado a la intensidad del fenómeno climático. El desabastecimiento de energía es una preocupación tanto para hogares como para sectores productivos altamente dependientes del servicio, como la industria y el comercio.
La presentación con mensaje de urgencia implica que el proyecto tendrá plazos más cortos de debate en las comisiones y plenarias, lo que acelera su eventual aprobación o archivo. Esta decisión se toma en el marco de las facultades extraordinarias que el Ejecutivo tramita ante el Congreso para conjurar la crisis, según se expuso en el debate.
Quedan varios interrogantes abiertos sobre el origen de los recursos, las fuentes de financiamiento y los criterios de distribución entre los agentes del sector. También está por definirse el impacto que esta inyección de recursos pueda tener sobre las tarifas que pagan los usuarios finales, uno de los puntos sensibles para la ciudadanía.
La discusión en el Congreso en las próximas semanas será determinante para establecer si la solicitud avanza tal como fue presentada o si se introducen modificaciones durante el trámite. Hasta tanto, el Gobierno deberá coordinar con las empresas del sector las medidas operativas para asegurar la continuidad del servicio mientras se resuelven los recursos.