El Ministerio del Interior tomó la decisión de relevar a los escoltas que custodian a la familia del senador Miguel Uribe, según reportó El País de Cali. El movimiento se produjo después de que María Claudia Tarazona, esposa del congresista, expresara su inconformidad a través de redes sociales por lo que ella calificó como fallas en la seguridad.
Tarazona denunció en sus publicaciones que existían presuntas infiltraciones dentro del esquema de protección asignado a su núcleo familiar. Sus mensajes generaron eco entre usuarios y medios, y pusieron en el centro del debate la manera como el Estado resguarda a los precandidatos y a sus allegados en el contexto preelectoral.
El esquema de seguridad de los congresistas y precandidatos en Colombia es administrado por la Unidad Nacional de Protección, entidad adscrita al Ministerio del Interior. Esa dependencia es la encargada de evaluar los niveles de riesgo y de asignar los recursos humanos y logísticos para la protección de quienes enfrentan amenazas por su actividad política.
El relevo de escoltas se conoce en un momento sensible para el congresista. Miguel Uribe, del Centro Democrático, fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 durante un evento de campaña en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, donde recibió varios disparos que le causaron la muerte dos meses después, el 11 de agosto, tras permanecer hospitalizado. El crimen, atribuido a un adolescente capturado en flagrancia, conmocionó al país y abrió un debate sobre la protección de los líderes políticos en época electoral.
Desde entonces, la familia Uribe Turbay ha mantenido un perfil público recurrente. María Claudia Tarazona ha sido la principal vocera del núcleo familiar y ha participado en distintos espacios para exigir avances en la investigación judicial por el asesinato de su esposo, además de impulsar campañas de rechazo a la violencia política.
La determinación del Ministerio del Interior ocurre justo cuando el país se acerca a las elecciones de 2026, un calendario en el que la seguridad de los aspirantes y de sus familias adquiere especial relevancia. Organizaciones sociales y expertos en protección han advertido sobre los riesgos que enfrentan los precandidatos en zonas urbanas y rurales, y han pedido reforzar los protocolos de la UNP.
El cambio de escoltas implica una revisión interna del equipo asignado, según la información divulgada por El País. El Ministerio no ha detallado públicamente si el relevo se debió a errores operativos, a fallas de coordinación o a las denuncias puntuales sobre filtraciones, lo que deja abierta la pregunta sobre qué dependencia adelantará las indagaciones internas correspondientes.
En el plano judicial, la Fiscalía continúa con la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe, proceso en el que se han producido varias capturas y se ha indagado a personas señaladas de planear o colaborar con el ataque. El esclarecimiento del caso y la protección de los allegados de la víctima siguen siendo dos frentes que el Estado debe atender de manera paralela.
Para la ciudadanía, este episodio reabre la discusión sobre la transparencia y la idoneidad de los esquemas de protección. Las denuncias de Tarazona ponen sobre la mesa la confianza que las familias afectadas depositan en las instituciones de seguridad del Estado, y la respuesta oficial será vista como un indicador del compromiso gubernamental con esa tarea.
Queda pendiente conocer el resultado de las revisiones internas en el Ministerio del Interior y en la UNP, así como eventuales pronunciamientos oficiales sobre las denuncias de infiltración. La familia Uribe y la opinión pública esperan explicaciones sobre lo ocurrido y garantías de que el nuevo esquema funcionará sin sobresaltos.