El Gobierno nacional decidió ajustar el funcionamiento de los carros cazafotomultas, los vehículos equipados con tecnología que sirven como apoyo al control en las vías del país. Según la nueva regla, estos automotores ya no podrán operar de manera autónoma: deberán contar con la presencia de un agente de tránsito mientras registran presuntas infracciones. El cambio fue reportado por El País y busca ordenar un esquema que durante años operó con vacíos normativos.
Los carros cazafotomultas se incorporaron al paisaje urbano colombiano como una herramienta de las autoridades para detectar, a través de cámaras, comportamientos como el exceso de velocidad, la invasión de carriles o el uso del cinturón. En la práctica, estos vehículos circulaban por arterias principales y entregaban el material a las autoridades de tránsito para expedir la comparendo correspondiente. La novedad es que, a partir de la decisión conocida esta semana, ese proceso deberá tener a un uniformado en escena.
La exigencia de un agente presente responde a una preocupación recurrente de conductores y expertos en derecho de tránsito: la legalidad del procedimiento cuando solo interviene la cámara. Para que una multa quede bien soportada, debe existir una autoridad competente que valide la infracción en el momento en que ocurre. Con la presencia física del agente, el proceso gana un testigo institucional y se cierra la puerta a discusiones sobre fotomultas impuestas sin verificación humana.
El ajuste también tiene un efecto inmediato en la operación de las concesiones y secretarías de tránsito que administraban estos vehículos. Varias ciudades ya habían suspendido el uso de los carros tras fallos judiciales que encontraron irregularidades en el procedimiento. La nueva regla les ofrece un marco más claro para retomar el control electrónico, siempre que garantice la presencia del agente. Para los ciudadanos, el cambio significa que cualquier fotomulta derivada de estos carros debería estar respaldada por un uniformado identificado.
Más allá de lo técnico, la decisión pone sobre la mesa un debate de fondo sobre el modelo de control vial en Colombia. Las fotomultas se han convertido en una fuente importante de ingresos para los organismos de tránsito, pero también en motivo de críticas ciudadanas por la sensación de que el fin recaudatorio pesa más que el propósito pedagógico. Al exigir la presencia humana, el Gobierno intenta responder a esa desconfianza sin cerrar la puerta al uso de la tecnología, sino condicionándola a un control institucional verificable.
Para los conductores, la principal implicación es práctica: las sanciones que lleguen respaldadas por el procedimiento completo tendrán mayor firmeza legal, mientras que las impuestas sin agente presente serán más vulnerables a recursos jurídicos. En distintas ciudades ya se han desmontado o suspendido estos sistemas por orden de jueces, lo que muestra la urgencia de un lineamiento nacional. La medida busca unificar un criterio que hasta ahora dependía de cada autoridad local.
Expertos en movilidad consultados en otras ocasiones han señalado que la clave no está solo en la cámara, sino en la articulación entre el equipo técnico y la autoridad humana. La nueva regla apunta exactamente a eso: usar la tecnología como herramienta y al agente como garante del debido proceso. Si la implementación se cumple de manera homogénea, el país avanzaría hacia un esquema más equilibrado entre control, tecnología y derechos del conductor.
El siguiente paso es conocer el texto oficial de la regulación y la fecha en que entrará a regir de manera obligatoria. Hasta que eso ocurra, cada municipio y concesionaria deberá ajustar sus contratos y protocolos de operación. Para los colombianos, la recomendación práctica sigue siendo la misma: respetar las señales y los límites de velocidad, porque la forma de sancionar puede cambiar, pero la infracción, cuando ocurre, deja huella en el sistema.