El presidente Abelardo de la Espriella informó que el Gobierno tomó la decisión de cancelar y suspender licencias a empresas de seguridad privada. El motivo, según dijo, son presuntas irregularidades en el manejo de armas de fuego, según reportó Infobae.
De acuerdo con el extracto de la fuente, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada quedó encargada de abrir las investigaciones. El foco está en dos líneas: posibles vínculos entre estas empresas y bandas criminales, y el rastreo de armas que aparecen como faltantes en los registros oficiales.
La seguridad privada en Colombia emplea a cientos de miles de vigilantes. Sus armas están registradas ante el Estado y deben renovarse o devolverse cuando una empresa cierra o cambia de dueño. Que aparezcan faltantes es una señal de alerta porque esas armas pueden terminar en el mercado ilegal.
El sector de vigilancia se financia, en buena parte, con contratos con entidades públicas y empresas privadas. Una decisión de este tipo afecta a los vigilantes que trabajan en esas firmas, a los clientes que dependen de esos servicios y a las propias compañías involucradas, que deben responder ante el organismo de control.
La Superintendencia de Vigilancia, conocida como Supervigilancia, es la entidad del Estado que vigila y sanciona a los prestadores de servicios de seguridad. Su competencia incluye a los departamentos de seguridad de empresas, a las escuelas de capacitación y a las firmas de vigilancia con y sin armas.
El anuncio presidencial llega en un contexto de creciente preocupación por el uso de armas de fuego en actividades criminales. Organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito han señalado que Colombia es uno de los países con mayor número de armas ilegales circulando en manos de civiles.
En su declaración, recogida por Infobae, el presidente pidió expresamente revisar el destino de las armas faltantes. Ese rastreo suele implicar cruces con la base de datos del Registro Nacional de Armas, el cual concentra la información de armas permitidas en el país.
La decisión también abre un frente para las empresas afectadas, que pueden ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso administrativo. Si la Superintendencia confirma las irregularidades, las sanciones pueden ir desde multas hasta la cancelación definitiva del permiso para operar.
Queda pendiente conocer cuántas empresas fueron afectadas por la medida y los nombres de las compañías investigadas. También se espera el pronunciamiento oficial de la Supervigilancia sobre los avances de las indagaciones en curso.