El Gobierno colombiano viene alistando un proyecto orientado a modificar la manera como las autoridades intervienen durante las protestas en el país, según reportó la agencia ANSA Latina. El anuncio reabre un debate que en Colombia ha sido recurrente en las últimas décadas, marcado por episodios de violencia, denuncias de uso excesivo de la fuerza y llamados de organismos de derechos humanos a revisar los protocolos existentes.
En Colombia, la protesta social está protegida por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado. A la vez, la intervención de la Fuerza Pública en marchas y bloqueos ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organizaciones civiles, que han pedido estándares claros sobre el uso de armas, gases y dispositivos menos letales.
El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa son, por lo general, las carteras encargadas de diseñar la política sobre orden público y de emitir directrices para la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Cualquier cambio en los protocolos suele requerir coordinación con estas entidades y, en muchos casos, reformas normativas que deben pasar por el Congreso de la República.
Según el extracto de ANSA Latina, el proyecto contempla ajustes en la intervención de la Fuerza Pública durante las jornadas de manifestación. La agencia no precisa, en el fragmento disponible, el articulado ni los puntos exactos que serán modificados, por lo que el contenido detallado del texto se conocerá cuando el Gobierno lo haga público de manera oficial.
Las modificaciones a los protocolos de protesta tienen implicaciones directas para los ciudadanos. Por un lado, definen los límites de la actuación policial y, por el otro, establecen garantías para los manifestantes. Sectores sociales, veedurías y la comunidad internacional suelen seguir de cerca estos cambios, porque pueden traducirse en un mayor o menor nivel de protección de derechos como la libre expresión, la integridad física y la reunión pacífica.
El debate sobre el uso de la fuerza en las protestas ha sido especialmente sensible en Colombia luego de episodios como los registrados durante el paro nacional de 2021, cuando la Misión de Verificación de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas ONG documentaron presuntas violaciones a los derechos humanos. Esos informes han alimentado la discusión sobre la necesidad de un cambio en los manuales y procedimientos de la Policía.
Desde el ámbito político, la iniciativa seguramente abrirá nuevas tensiones. Partidos de oposición y organizaciones sociales suelen respaldar estándares más estrictos de protección al manifestante, mientras que sectores de la fuerza pública y partidos de derecha tienden a pedir reglas más claras para restablecer el orden y desbloquear vías cuando las protestas afectan a terceros. La discusión en el Legislativo, si el proyecto llega allí, será un termómetro de esas posturas.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado fechas para la radicación del texto ni el trámite que seguirá. Quedan pendientes preguntas clave: si la reforma se hará por decreto o mediante ley, si contemplará la creación de un comité independiente de seguimiento y si incluirá sanciones para los uniformados que incumplan los nuevos protocolos. Esos puntos definirán el alcance real del cambio anunciado.
La ciudadanía y los organismos de control estarán atentos a la letra del proyecto. Cualquier modificación en la intervención de las protestas tiene efectos sobre la garantía de derechos fundamentales y sobre la convivencia en las calles, dos asuntos que permanecen en el centro de la agenda pública del país.