El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres menores de edad murieron en una operación militar adelantada por las Fuerzas Armadas en el departamento de Guaviare. Las edades determinadas fueron 15 años para dos de ellos y 16 años para el tercero, según la información entregada por la fuente.
Los tres adolescentes, de acuerdo con el reporte, hacían parte de la estructura que fue atacada y que estaría vinculada al bloque Jorge Suárez Briseño, una facción armada que opera en esa región del suroriente colombiano. La operación militar, según lo informado por el Gobierno, buscaba afectar a esa estructura en zona rural del Guaviare.
La noticia fue confirmada por el Gobierno nacional a través de los canales oficiales y replicada por Canal 1 en su emisión en vivo. La confirmación oficial llegó luego de que circularan versiones preliminares sobre el saldo de la operación, en un contexto donde las Fuerzas Armadas mantienen operaciones sostenidas contra organizaciones armadas ilegales en los departamentos del sur del país.
El caso reaviva una discusión recurrente en Colombia sobre la utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales. Distintas organizaciones de derechos humanos han señalado en años anteriores que las disidencias y otras estructuras reclutan adolescentes, en muchos casos por fuera de cualquier marco legal y con el consecuente riesgo para su vida y sus derechos.
La normativa colombiana, en línea con tratados internacionales, considera a los menores de 18 años como sujetos de especial protección. Por esa razón, cualquier baja de un adolescente en un operativo genera cuestionamientos sobre las circunstancias en que esos jóvenes terminaron vinculados a una estructura armada y sobre los protocolos de las Fuerzas Armadas ante su presencia en combate.
En la región del Guaviare, donde confluyen varias estructuras armadas ilegales y economías ilegales, las operaciones militares se han intensificado en los últimos años. El bloque Jorge Suárez Briseño, mencionado en el reporte, es uno de los nombres bajo los cuales se conoce a facciones que operan en esa zona, caracterizada por su difícil acceso geográfico y por la limitada presencia institucional en algunas áreas rurales.
El Gobierno no entregó, en la información divulgada por Canal 1, mayores detalles sobre el lugar exacto de la operación ni sobre el desarrollo táctico de la misma. Tampoco se reportaron capturas adicionales en el marco de ese operativo, según los datos disponibles en la fuente.
La confirmación de las edades por parte de Medicina Legal es un elemento clave, porque descarta o confirma versiones previas y permite establecer con precisión la condición de menor de edad de las víctimas. Esa certificación es habitualmente la prueba determinante en investigaciones posteriores y en los pronunciamientos de organismos de control.
Queda pendiente conocer si las autoridades competentes abrirán investigaciones para esclarecer las circunstancias en que estos menores terminaron en esa estructura armada, así como los procedimientos seguidos por la fuerza pública durante el operativo. Las reacciones de organizaciones de derechos humanos y de entidades como la Defensoría del Pueblo también harán parte del seguimiento al caso.
Por ahora, el hecho deja en evidencia la persistencia del reclutamiento de menores en zonas afectadas por el conflicto armado interno, un fenómeno que las políticas de seguridad y de protección a la infancia en Colombia intentan enfrentar, pero que sigue apareciendo como saldo trágico de las operaciones militares en territorios como el Guaviare.