El Gobierno nacional decidió levantar la suspensión general del porte de armas de fuego que estaba vigente en el país. Según informó elnortehoy.com, el cambio marca un giro en la política de armas frente al esquema que venía aplicándose hasta ahora.
La suspensión general había sido una medida de carácter excepcional. Su levantamiento no significa una liberalización total: los permisos individuales para portar armas se mantienen vigentes, sujetos a condiciones que las autoridades deben verificar.
El porte de armas en Colombia se rige por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y por las normas expedidas por el Ministerio de Defensa. La expedición de permisos corresponde a la autoridad militar competente, que evalúa requisitos como la aptitud psicológica, la capacitación y los antecedentes del solicitante.
Hasta ahora, la suspensión general impedía la renovación automática de muchos permisos y restringía la circulación de armas en espacios públicos. Con su eliminación, el procedimiento vuelve al régimen ordinario, lo que podría reactivar trámites que estaban suspendidos.
Para la ciudadanía, el cambio implica que quienes tenían permisos vigentes podrán seguir portando armas, mientras que quienes estén gestionando uno nuevo deberán cumplir los requisitos vigentes. Los tenedores de armas inscritas también deben conservar al día sus documentos.
Sectores defensores del control de armas han pedido en otras ocasiones mantener restricciones por motivos de seguridad pública. Los gremios de vigilancia y seguridad privada, en cambio, suelen respaldar medidas que faciliten la renovación de permisos para su personal.
Queda pendiente conocer el texto oficial del decreto o la resolución que adopta la medida, así como los plazos de transición y los criterios que aplicarán las autoridades militares para evaluar cada solicitud.
La decisión se inscribe en la discusión nacional sobre seguridad ciudadana, un tema que atraviesa el debate público por el aumento de hechos violentos en distintas regiones del país.