El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto mediante el cual se levanta la suspensión general que pesaba sobre los permisos para el porte de armas de fuego en el país. La información fue divulgada por MiOriente, que reportó la expedición del nuevo acto administrativo como una decisión directa del jefe de Estado.
Con esta firma, el Gobierno deja sin efecto la medida que durante un periodo había congelado la expedición de nuevas autorizaciones para portar armas de fuego en territorio colombiano. Hasta ahora no se conocen detalles adicionales sobre la fecha exacta de expedición del decreto ni sobre los considerandos jurídicos incluidos en su texto.
El porte de armas en Colombia está regulado por el Estatuto para la conservación del orden público, que establece los requisitos, restricciones y competencias para que un ciudadano pueda obtener un permiso de esta naturaleza. La facultad de suspender de manera general la expedición de esos permisos ha sido una herramienta utilizada por distintos gobiernos en coyunturas de orden público.
El levantamiento de la suspensión implica que el trámite ordinario ante la autoridad competente se reanuda para los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales. Las solicitudes presentadas durante la vigencia de la suspensión, así como las que se radiquen a partir de ahora, deberán surtir el proceso regular establecido en la normatividad vigente.
La decisión tiene implicaciones directas para los ciudadanos que dependen de un permiso vigente para el porte de armas, entre ellos deportistas de tiro, coleccionistas registrados, miembros de empresas de seguridad y particulares que cumplen los criterios fijados por la ley. También afecta a los funcionarios de la autoridad competente, que deberán atender nuevamente la demanda de trámites acumulada durante el periodo de suspensión.
Organizaciones civiles y sectores vinculados a la seguridad ciudadana han debatido en otras oportunidades sobre el alcance de este tipo de decisiones. Mientras algunos actores argumentan que restringir la expedición de permisos reduce riesgos de circulación de armas en espacios públicos, otros sostienen que el porte legal y regulado es un mecanismo de autocontrol que no compite con las políticas de desarme.
El decreto no modifica, según la información disponible, los requisitos ya contemplados en la ley para acceder al permiso. Mantener esos criterios vigentes implica que el levantamiento de la suspensión no equivale a una apertura automática: cada solicitud seguirá siendo evaluada de manera individual por la autoridad competente, que verificará antecedentes, condiciones personales y demás exigencias legales.
Por ahora, el Gobierno no ha anunciado de manera pública una fecha precisa para la reactivación total del sistema de citas ni para la atención de las solicitudes represadas. Queda pendiente el detalle de la transición operativa entre el periodo de suspensión y el regreso al esquema regular de expedición de permisos, un aspecto que será clave para medir el alcance práctico del decreto firmado por el presidente de la Espriella.